La tensión política en Asturias no disminuye pese a la sensación de tranquilidad ante las cámaras que da el jefe del Ejecutivo Javier Fernández. La comisión de la Junta General del Principado va a pedir responsabilidades políticas a ocho altos cargos de los gobiernos de Vicente Alvarez Areces, incluído el mismo. Votará en contra el PSOE que, ya saben, caimán no muerde a caimán. Esta investigación parlamentaria se ha escapado al control de la Federación Socialista Asturiana, en concreto a su secretario de organización Jesús Gutiérrez y al portavoz en la Junta General del Principado Fernando Lastra. Además, queda el tema de los tribunalees. El juez Angel Sorando va a procesar a un ex consejero, tres directores generales y cinco empresarios como máximos responsables del amaguestu. No es un buen final de su carrera política para un veterano como Vicente Alvarez Areces, actualmente refugiado en el Senado con voces que ya piden su dimisión. Aún le queda por ver también cuanto le salpica del caso Niemeyer cuya comisión de investigación parlamentaria se pondrá en marcha en el otoño y que, en todo caso, puede arrastrar a la alcaldesa de Avilés Pilar Varela.
Tensión hay también en el ayuntamiento de Gijón con una alcaldesa, Carmen Moriyón, gobernando en minoría y cada vez más cercada por su socio, el Partido Popular, y por la oposición, PSOE e IU. Desde que dimitió Pilar Fernández Pardo, harta de los manejos a sus espaldas de Mercedes Fernández, la alcaldesa, militante de Foro Asturias, se encuentra más sola que la luna aunque, eso sí, siempre férreamente respaldada por Francisco Alvarez-Cascos. Foro pierde la alcaldía de Valdés y puede perder en breve la de Gijón. Dos buenos hachazos que tendrá que apuntarse la presidenta regional del PP. Mercedes Fernández tiene órdenes de Génova de disparar contra la línea de flotación de Foro y de recuperar cuantos más de sus antiguos militantes mejor. La derecha asturiana está dividida para tranquilidad de la izquierda y tardará mucho en recomponerse las relaciones salvo que José María Aznar se haga con la presidencia del PP a nivel nacional.
Izquierda Unida, por su parte, se relame pensando en las próximas elecciones, aunque aún lejanas, que las encuestas les auguran fuerte subida, al igual que al partido de Rosa Díaz. IU tiene que solventar, sin embargo, el futuro de su diputado Angel González, imputado por unas adjudicaciones inapropiadas cuando era vice consejero de Bienestar Social. ¡Que fácil es ver la paja en ojo propio y la viga en el del contrario!. Pero no me canso de repetir, unos por otros, la casa sin barrer y el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción Serafín Abilio Martínez lanza otro grito de desesperación en el artículo que publica en el último número de la revista del sector Atico, quejándose de las tres administraciones -la central, la autonómica y la municipal- que apenas contratan obra pública lo que ha llevado a un enorme bajón en el número de trabajadores de la construcción y auxiliares, pasando en unos años de 57.000 a apenas 15.000, y disminuyendo.
La marea del “caso Marea” puede ser, políticamemnte hablando, el principio del fin de unos políticos que bajo formas democráticas han querido ser absolutistas y con el deseo de perpetuarse en el cargo pero dicha marea, unida a otras, algunas de ellas apuntadas en este artículo, pueden formar un tsunami que cualquier día nos alcanzará aunque nos subamos a la cima del Angliru.
