Cuando en el Congreso se iba a entrar en el debate sobre la idoneidad de la vacuna preventiva contra la corrupción, que el Gobierno pretende incorporar a la Ley de Transparencia, los diputados del PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, se han dejado arrastrar por los radicales de Amaiur, IU y otros vociferantes, y han protagonizado un irresponsable desplante, alegando que Rajoy opta por la opacidad al no dar explicaciones, en sede parlamentaria, sobre el caso Bárcenas.
Con tal negativa a participar en la elaboración de una norma, que ahora más que nunca se hace necesaria, el PSOE hace un flaco favor a sus electores, no podrá aportar sus enmiendas y da un paso atrás en la configuración de partido serio con opciones de Gobierno.
Actualmente está vigente la Ley de prevención de blanqueo de capitales (24-04-2010), pero la aparición de nuevos supuestos de lavado de capitales exige mayores contramedidas. Por ejemplo reprimir la moneda virtual, conocida como “bitcoin”, que en los últimos meses se ha presentado como una alternativa al sistema monetario internacional, sin control centralizado y sin ningún tipo de regulación.Son necesarios
mayores controles en los movimientos de capitales, estrecha supervisión bancaria y vigilancia especial sobre operaciones societarias y de compraventa, en las que participen personas públicas que desempeñen, o hayan desempeñado, funciones públicas importantes.
Según las últimas informaciones, los controles podrían afectar a más de 300.000 “ personas expuestas políticamente”, desde el propio jefe del Ejecutivo, Corona, ministros, altos cargos del Estado, Comunidades, Administración Local, parlamentarios, directivos de empresas públicas, a cúpulas de partidos y sindicatos.
El Gobierno quiere introducir esta normativa en la anunciada Ley de Transparencia y aprobarla cuanto antes y de esta forma adelantarse a una directiva europea que se está diseñando para reforzar el control de los cargos públicos.
También busca el Gobierno mejorar la imagen de España, que en las últimos calificaciones internacionales, solo obtuvo un raspado aprobado de su sistema de control del blanqueo de dinero, pero suspendió en la supervisión de las actividades que desarrollan despachos de abogados, notarios, registradores, inmobiliarios, joyeros y casinos.,
La esperada Ley de Transparencia incorpora, en definitiva, nuevas medidas para evitar, al máximo, tantos episodios de corrupción . Combatir esa lacra no es solamente una obligación legal, sino una exigencia democrática y moral, para regenerar nuestra democracia.
No valen excusas ni estrategias de partido para demorar mayor represión de la corrupción. La opinión pública cada vez aguanta menos la hipocresía política.
