El actual sistema de pensiones no pasa por su mejor momento.
De un lado, el aumento de las expectativas de vida y, de otro, la crisis económica, están estrangulando, financieramente hablando, las cuentas públicas en esta concreta parcela.
Concurre al agravamiento un factor de insolidaridad institucional de algunas comunidades autónomas que han acometido procesos de jubilación masiva de su personal aligerando sus cuentas, sin duda, pero provocando un efecto dañino para el sistema que sufre una merma de ingresos y, simultáneamente, ve incrementados sus gastos.
El informe elaborado por el llamado Comité de Sabios alberga un “mix” de propuestas. Los denominados “factor de equidad intergeneracional” y “factor de revalorización de las pensiones” tratan de garantizar la sostenibilidad del sistema, pero a costa de gravar la mayor esperanza de vida y la situación financiera de la caja de la Seguridad Social.
Hay, sin embargo, aspectos interesantes. La posibilidad de incrementar la pensión, una vez cumplidos los requisitos de edad y de cotización alargando la vida activa, constituye, sin duda, un incentivo nada desdeñable.
Falta en el informe el “factor sentido común”. Su contenido es elemental y sencillo, y quizá por ello no fue contemplado.
Estadísticamente, el veinte por ciento de los trabajadores, tanto públicos como privados, están adscritos a puestos de trabajo cuyo desempeño no exige esfuerzo físico, a la vez que tienen asignadas retribuciones que superan el importe de la pensión de mayor cuantía.
Sea por convenio colectivo, sea por ley, tales trabajadores se jubilan forzosamente, con carácter ordinario, a los sesenta y cinco años, con posibilidad de prórroga, previa petición y con conformidad de la empresa, hasta los setenta años.
Bastaría configurar la franja comprendida entre tales tramos de edad como optativa para los trabajadores en orden a alargar su vida laboral para que, sin imposiciones, se consiguiera el objetivo pretendido de no sobrecargar innecesariamente el número de perceptores de las prestaciones pasivas.
Ese solo factor contribuiría a sanear a cinco años vista y de un modo directo y perceptible el déficit de la Seguridad Social.
Lo que no cabe es que el Gobierno central sugiera medidas para retrasar la edad de jubilación y las comunidades autónomas apliquen políticas que van en sentido contrario, retirando a sus trabajadores y desperdiciando su experiencia y valía profesional en un tramo en el que todavía la capacidad física y mental no se ve afectada.
Ciertamente, los presupuestos de tales comunidades se adelgazan, pero a costa de incrementar el déficit de la Seguridad Social.
Se imponen políticas de solidaridad, de cooperación institucional, y en tanto no rememos todos en la misma dirección, el caos está garantizado.
Quizá convendría recordar la famosa frase del Che Guevara cuando afirmaba: “Si no hay café para todos, no habrá para nadie”.
