Apelando a la memoria y con la colaboración de las hemerotecas, convendría recordar que en noviembre de 2012, Margarita del Cid, a la sazón presidenta de la Mancomunidad de Municipios de las Costa del Sol y de la empresa pública de aguas, Acosol, comunicó que a través de una auditoría encargada por el equipo de gobierno del PP del ente mancomunado, fueron detectadas diversas irregularidades económicas en la gestión de la citada empresa, entre las cuales figuraba una posible desviación en torno a los 30 millones de euros..
En aquellas fechas, según la Sra. del Cid lo recaudado a través del canon de agua y saneamiento, se destinó a gasto corriente, en lugar de a inversión, siendo considerado como una aplicación incorrecta de los recursos en el periodo comprendido entre 2009 y 2011, todo ello coincidiendo con la etapa de consejero delegado de Acosol de José Bernal (PSOE). A tales incidencias, la presidenta añadió otra serie de anomalías surgidas en la dirección de la empresa tales como: ausencia de protocolos eficientes de actuación en diversos ámbitos, gastos muy por encima de los ingresos, falta de control, problemas de liquidez fruto de una caja única donde no estaban diferenciados los ingresos y los gastos corrientes, etc, prometiendo solicitar un dictamen a la Cámara de Cuentas de Andalucía y aclarar lo sucedido. En el mismo acto también se contrajo el compromiso de que el nuevo equipo de gobierno revertería todos los daños causados hasta conseguir “regirse por criterios de gestión responsable”.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Mijas, a través de su portavoz, acusó a Acosol de no haberles abonado los 19 millones que presuntamente les adeudan de un montante de 25, cantidad pactada en la encomienda de gestión de servicio, acordándose en marzo de 2012 que en un plazo de seis meses, todo quedaría solucionado, pero no fue así. En cuanto a las famosas auditorías anunciadas con gran alaraca para aclarar la alarmante desviación de los 30 millones, nadie conoce el resultado ni que ha ocurrido con esa información. Todo quedó en una suspensión de empleo de los componentes del equipo económico-financiero, con su director a la cabeza, y la promesa de un estudio sobre los citados desfases.
Transcurridos siete meses desde aquellas declaraciones y promesas, nos enteramos tal como han publicado los medios recientemente, que la Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ha aprobado su presupuesto para el 2013, en desacuerdo con la oposición y la consigna de "contención del gasto y fortalecimiento de Acosol", pero en la nota de prensa no aparece la más mínima referencia a como se ha solventado la presunta desaparición o "desvio" de los 30 millones de marras, ni tampoco los resultados de las auditorías realizadas.
Con el mismo criterio de ocultación o desinformación se ha procedido sobre el despido, recurrido ante el juzgado de lo social, por parte del ex responsable del área económico-financiera de Acosol, con 12 años de antigüedad en la empresa y correcto nivel de cumplimiento en la misma, cuya eficacia nunca fué cuestionada por comunistas, socialistas y populares, dándose la circunstancia que a su vez dicho ejecutivo es miembro de la dirección provincial del PP, como secretario de Aguas, quien remitió una amplia y documentada carta al Diario el Mundo en diciembre de 2012, en la cual dejaba meridianamente clara su trayectoria, cometido y responsabilidades en Acosol, resaltando que es el Consejo de Administración de la entidad a través de su consejero delegado, en este caso el Sr. Fernandez-Rañada, donde residen las competencias para comprar, vender, arrendar o celebrar cualquier tipo de contrato, y decidir en definitiva sobre el empleo y colocación de las reservas y fondos disponibles, decisiones que en absoluto corresponden al director económico.
Este caso, quizá podría encajar entre uno más de los conflictos, equivocaciones e irracionalidades, que con tanta frecuencia se cometen en las empresas públicas. Norma de conducta orientada en la mayoría de los casos para servir a unos torpes interses personales o grupales. Dichas actuaciones, propias de trepadores, no tienen otro objetivo que alcanzar o perpetuarse en lo que ellos, dentro de sus limitaciones, definen como poder, sin preocuparles lo más mínimo los estragos propiciados, personales y familiares, al comun de los ciudadanos. Actitudes muy propias de la maldita corrupción que nos corroe y tanto nos desprestigia en el exterior.
