Podría decirse que el espeso ambiente político que nos envuelve, tiempo ha, empieza a clarearse, tímidamente, sí, pero con signos prometedores. Sirve de apoyo a esta apreciación, por ejemplo, que el Banco de España, considera que en el tercer trimestre de este año, comienza el crecimiento del PIB. Otra referencia sería que Rajoy y Rubalcaba acuerdan dar la cara en Bruselas de forma conjunta y que se hacen guiños para otros acuerdos.
También se puede considerar alentador que el Gobierno, cumpliendo los compromisos del PNR-1316 que adquirió Mariano Rajoy para aplicar reformas estructurales, haya presentado el informe “Reforma de la Administración Pública”. Por cierto, expuesto con un despliegue mediático poco habitual.
Sería demasiado hablar de euforia, pero se detecta menos crispación y se está viendo a Mariano Rajoy desplegando una actividad inusual y con ciertos trucos de ubicuidad. Mientras, a la vicepresidenta le sombrean las ojeras, quizás debidas a la gestación y responsabilidad sobre el informe de dos mil páginas, dedicadas a diseñar un cambio radical en la cultura de la gestión pública en España, incluyendo 217 medidas concretas, no “etéreas”, y 120 recomendaciones a las comunidades autónomas para eliminar duplicidades, como eliminar Tribunales de Cuentas, defensores del Pueblo y más de 90 observatorios estadísticos.
A la vista del catálogo que ha elaborado el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, puede entrar la duda de si estamos ante una auténtica “reforma”, o más bien a la aplicación de unos razonables planes de ahorro. Tal consideración podría merecer “reformas” como: reducir el número de cuentas bancarias, más de cinco mil y por cierto, solamente el diez por ciento en el Banco de España. Otra, curiosa, acabar con la norma vigente desde 1974 que obligaba a depositar los fondos para pagar las nóminas con cuatro días de antelación al abono. Suprimir coches oficiales, vender inmuebles inutilizados, centralizar servicios de comprar, unificar registros, reducir trámites y otras reformas parecidas parece que son de sentido común y producen asombro de que no se hubiese anulado antes. En cuanto a supresión de organismos estatales hay casos pintorescos, como el del nuevo destino del semental Limpia, purasangre inglés de la yeguada militar, que pierde su patrimonio y tesorería para integrarse en el Ministerio de Defensa.
La efectiva reforma de la Administración, la que afecta a la racionalización de las tres administraciones (central, autonómica y local), requiere decisiones que sobrepasan los usos de un buen gestor doméstico y exige consensos con las comunidades y modificar estatutos.
Es evidente que el Gobierno tiene mimbres muy débiles para llevar a cabo sus propósitos y que las leyes no permiten imponer casi nada, por lo que no caben decisiones radicales.
Se ha adelantado que, a través de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se puede presionar a las administraciones periféricas y locales a seguir las recomendaciones del plan. Tal posibilidad la ha explicado el ministro Montoro y ya lo han acusado de chantajista.
Mariano Rajoy se ha explayado reiterando su confianza de que sean las propias autonomías, ante la presión social al darse a conocer los datos y los puntos donde hay excesos, las que los eliminen.
Si este voluntarismo no da resultados, no habrá más remedio que acometer, sin complejos, la reforma constitucional. El Gobierno cifra su reforma en 6500 millones de ahorro al Estado y 16300 al ciudadano. No valen excusas.
