La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó el pliego de condiciones para la concesión del servicio de cafetería de la Cámara Baja durante el próximo cuatrienio. La empresa que logre la adjudicación ganará 4.287.500 euros más IVA, el dinero que la Mesa ha decidido invertir para que los diputados, el personal de la Cámara Baja y los visitantes invitados paguen en el restaurante del Congreso precios más baratos que los que fija el libre-mercado fuera del selecto ámbito parlamentario.

El acuerdo, publicado por el Boletín Oficial de las Cortes Generales hace algo más de una semana, entrará en vigor en noviembre y no sólo establece el precio máximo que la firma adjudicataria podrá cobrar por los servicios de restauración habituales, sino que también decreta que un gin-tonic Larios, por ejemplo,  no podrá costar más de 3,45 euros, ni un cubalibre más de 3,40. La diferencia con el precio real -en torno al doble- se cubrirá con fondos públicos.

Con esta información en manos del contribuyente, cada vez más sangrado a impuestos por la legislación vigente que se aprueba en el palacio de la carrera de san Jerónimo, cabe preguntarse si en el ejercicio de sus funciones los señores diputados tienen necesidad de la ingesta de bebidas alcohólicas para acometer su trabajo, y si es de razón que sus señorías -después hacer uso y espero que no abuso de las mismas- las abonen a precio reducido gracias a una substancial rebaja cubierta con fondos públicos, con la consiguiente repercusión en el bolsillo del contribuyente.