Recientemente un grupo de intelectuales, catedráticos, políticos y periodistas, de prestigio reconocido, con ocasión de debatir sobre las  problemáticas  más graves que azotan el país, llegaron a la conclusión de que a plazo más o menos estimado, España saldrá de la crisis económica pero que es muy discutible que se pueda recuperar de la locura secesionista que ha contaminado a gran parte de la clase política.

Es un hecho contrastado por la opinión pública, el haber entrado en una especie de almoneda de todo el sistema, que los españoles se dieron en 1978 y ya no es que se pidan reajustes constitucionales, sino que ya se entra en el acoso y derribo de las instituciones. El abucheo a los Príncipes de Asturias en el Liceo, el templo de la burguesía catalana, es algo más que una anécdota.

La situación es tan disparatada en este contexto revisionista, que los moderados son quienes proponen fórmulas federales,  frente a los que apuestan por la separación y el independentismo.

El grado de despego a la realidad de España, como comunidad nacional de todos, llega hasta iluminados como el vicepresidente de la Junta de Andalucía que se pronuncia por la “realidad nacional de Andalucía” y su derecho de autodeterminación. Es la consecuencia de la última deriva ideológica de IU,  que está perdiendo sus primitivas señas de identidad. El mismo Cayo Lara se ha dejado arrastrar por el catalanismo radical y consciente o inconsciente,  ha renunciado a la “E” que hasta ahora había acompañado las siglas del partido comunista (PCE) y que tantas victimas había sufrido en la guerra civil. Resulta incompresible que una fuerza política de izquierda, la tercera en número de votos,  se haya sumado a las pretensiones de dos partidos de larga tradición burguesa como el PNV y CIU. Convendría que tanto Llamazares y otros líderes y liderésas explicaran a las bases las razones de la adhesión al documento firmado en el Congreso con ICV y EUA, acto en el que no faltaron perlas como:”el referéndum se tiene que hacer sí o sí; y no lo podrán frenar ni los Ejércitos ni la Constitución”.

IU y los partidos soberanistas se han apuntado no ya a repetir los errores de la I República y los cantonalistas, sino a la “ nostalgia del califato”,como lo definió Carlos Herrera, señalando que estos irresponsables ponen en peligro la estabilidad de todos.

En la búsqueda de las causas de tanto desmadre, no faltan quienes las imputan a las políticas de apaciguamiento de los sucesivos gobiernos del PSOE y PP, táctica que parece continúa.

Si Más sigue adelante con sus desafíos, no cabrá otra medida que aplicar las correcciones de la Constitución, empezando por el artículo 155 que permite al Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, tomar las medidas oportunas en aras del interés general. Entre esas medidas se podría recurrir al artículo 32 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, que dice expresamente:” Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio”.

Muy mal están las cosas si hay que recordar estos últimos recursos de las líneas rojas.