Insisto: en las cuestiones supra-partido político la legislación debe ser fruto de una amplísima consulta, buscando siempre, en temas esenciales, el acuerdo popular. Porque en ésto consiste la democracia. 

Por el bien de todos, es necesario procurar más y mejor democracia a todas las escalas: personal, local, nacional, regional, mundial. De otro modo, las riendas del destino común seguirían en las manos de unos cuantos que, amparados en normas y pautas precariamente democráticas –como la mayoría parlamentaria absoluta- imponen su voluntad en materias en las que la obediencia ciudadana es éticamente inaceptable.

Como mínimo, en cuatro pilares del Estado –justicia, educación, ciencia y sanidad- no cabe invocar pretéritos triunfos electorales, porque los ciudadanos deben actuar, como lúcidamente establece la Constitución de la UNESCO, “libre y responsablemente”. 

Si se mutilan los servicios de salud, fundamentales para el derecho humano supremo a una vida digna; si se mercantilizan y alteran radicalmente –strictu sensu- las bases éticas sobre las que se asienta la educación (tan frecuentemente confundida con capacitación, incorporación de saberes y destrezas, etc.); si se vulneran las disposiciones de la Convención de los Derechos Humanos de la Infancia relativas a la enseñanza de ideologías y creencias hasta la edad de la emancipación, mediante una formación religiosa obligatoria en un Estado aconfesional; si se establece la segregación escolar o se discrimina de cualquier otra manera; si, en contra del rigor científico y del buen sentido, se obliga a una mujer gestante a dar nacimiento a un hijo que sabe será un ser severamente discapacitado y anómalo… ante estos abusos inadmisibles de las “leyes rodillo”, los ciudadanos que disientan de estas imposiciones no las cumplirán por “objeción de conciencia”.

El Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, sabe muy bien de qué se trata porque, con motivo de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, el 2 de septiembre de 2008, defendió abiertamente el “derecho a la objeción de conciencia”. “Es la posición de la inmensa mayoría de mi partido y de los Tribunales”, manifestó. La Conferencia Episcopal apoyó de inmediato, ¿cómo no?, las declaraciones del entonces líder de la oposición. 

Si “sacan” leyes en contra del resto del arco parlamentario en cuestiones clave para el presente y futuro de la Nación habrá un clamor popular, una “marea” de objetores.