Por puro desconocimiento no tengo ni idea si al Auto del juez Castro, en el que imputaba a la infanta Cristina, le faltaba una coma, un punto y coma, un guión o, peor, unos puntos suspensivos. Algo le faltaría, cuando tras el inaudito recurso contra la imputación por parte del Ministerio Fiscal, el Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca desimputa a la hija del Rey.

No es de extrañar que el abogado de la infanta, Miquel Roca, estuviera exultante después del Auto de la Audiencia; lo que sí parece raro/raro es ver al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, congratularse de la resolución del citado Auto como si él mismo fuera el imputado.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca cree que la infanta Cristina era ajena a los negocios de su marido Iñaki Urdangarín y no controlaba los ingresos y los pagos domésticos. La infanta, que trabaja en La Caixa, solicitó a su empresa, conjuntamente con su cónyuge, una hipoteca para comprar su casa de Barcelona, sabía perfectamente las cuotas que tenía que abonar para cancelar el préstamo, pero no sabía ni sabe de donde procedía el dinero para tal fin, ese tema lo llevaba Urdangarín. Raro/raro.

En un entorno de crisis económica y social, de Partidos y políticos involucrados en mil verengenales judiciales, de corrupción por doquier, es preocupante que la justicia -la fiscalía en este caso- de señales tremendamente dudosas sobre su objetividad e independencia. Es lo que nos faltaba a los españoles.

La infanta Cristina, por el momento, y como no se enteraba de nada, no está imputada. Pero para los ciudadanos sería una verdadera "putada" que todos los procesos en curso, después de todo lo que ya ha transcendido, deriven en una chapuza legal. Visto lo visto no sería ejemplarizante que en España, los jueces -presionados por la fiscalía- solo pudieran condenar a las salchichas y dejar impunes a los auténticos chorizos.