Si alguien ha sufrido escraches en este país, por parte de quienes tanto los critican, es la clínica Dator, en Madrid, especializada en interrupción voluntaria del embarazo. Claro que estos se justifican, oiga, tratándose de una conspiración mundial para reducir la población, como decía con gran derroche imaginativo nuestro amigo el obispo Reig. Si en su teoría la ONU está implicada, la clínica Dator es ETA, no se engañen.

Basta que Rajoy visite al Papa (la altura intelectual de nuestro líder y la trascendencia del encuentro quedan marcados por la camiseta de la selección de fútbol) y que este frunza el ceño con la ley de plazos, para que los obispos empiecen a bramar (callados nunca estuvieron) y Gallardón, más papista que el Papa, se comprometa a modificarla. En qué sentido, se pueden suponer.

De un plumazo volveremos a los viajes al extranjero, para las pudientes e hijas de papá, y a los abortos clandestinos, para aquellas que no tengan dinero, la mayoría en este contexto de crisis económica y social. Al dolor añadido de la decisión y la intervención, se sumarán la angustia de la clandestinidad y el peligro de una condena legal. Volverán los juicios por aborto, a cerrarse las clínicas. Y seremos las mujeres nuevamente menores de edad ante una ley que nos incapacita para tomar nuestras propias decisiones. Y delincuentes en potencia.

La hipocresía es alarmante. Dice que es progresista. Dice que protege al nonato. ¿Y quién protege a las mujeres, señor ministro? ¿Y quién protegerá al nacido con malformaciones ahora que han suprimido las ayudas a la dependencia? ¿Y quién garantiza la vida de la madre en riesgo?