Cumplir años cuesta poco. No es verdad, si cuesta y mucho.Cada año se repite la peripecia de unos cientos de miles de compatriotas que se incorporan, por causa de edad y la fuerza de la ley, al gran batallón de los jubilados, a los declarados viejos por decreto y sometidos a la política pendular que se da socialmente y en la relación laboral por criterios de edad.

Repasemos algunos disparates: además de limitar las expectativas de contratación, se imponen prejubilaciones a los 52 años y jubilaciones forzosas a los 65 y 70 años, acompañando a una discriminación económica, social y política que se va agudizando. Al mismo tiempo la ciencia, cada día anuncia nuevos logros para prolongar la vida y se realizan inversiones millonarias para aumentar los años de existencia.

El jubilado forzoso, por imperativo legal, se empieza a equiparar a un raro espécimen, al que unas veces se protege con descuentos en transporte, museos, medicinas y en otras, para no alentar su permanencia se le restringen tratamientos y se le niegan préstamos bancarios.

Raya en la hipocresía que la sociedad invierta tanto en ese alargamiento y luego discrimine a las personas cuando llegan a la madurez, en una flagrante violación de sus derechos, aunque se disfracen del proteccionismo rancio: “Por los Mayores sin los Mayores”.

Han pasado ventiún siglos desde que Ciceron escribió sobre la misión de las personas mayores en la sociedad. En su obra :”Dialogo sobre la vejez” decía: “Las cosas más grandes no se hacen con las fuerzas, sino mediante el consejo, la autoridad que detentan los mayores. Ramón y Cajal escribió: “Se es verdaderamente anciano cuando se pierde la curiosidad intelectual.

Según el INE, 7,3 millones de personas con más de 65 años se vieron engullidas por una política que no siente escrúpulos en vender el «apartheid» por motivos de edad, con la excusa de favorecer el acceso al empleo mediante su mejor redistribución intergeneracional.

Conviene reflexionar un poco. Como los gobernantes de ayer, y los de ahora en forma destacada, han demostrado su ineficacia en la creación de empleo, y este se convierte en un bien escaso, la solución ingeniosa es quitárselo a los mayores, al margen de su capacidad, y dárselos a los de menos edad.

Más dramático es todavía el contexto del prejubilado. La categoría de 55 a 65 años sufre intensamente la anticonstitucional discriminación por la edad. Se calcula que en 2011, por causa de la crisis, se han visto prejubilados más de 100.000 trabajadores y ha sido la edad, no la capacidad, quien determinó su exclusión empresarial.

En un excelente trabajo del profesor Herrero Brasas se señalaba que tal como se regula la jubilación obligatoria en España, atenta contra el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que estableció, sin excepción alguna, que toda persona tiene derecho al trabajo. Nuestra Constitución en su artículo 14 garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, con lo cual es anticonstitucional todo tipo de discriminación por edad.

Los datos del INEM reflejan que hay una tasa de paro superior entre mayores de 50 años que entre menores de 35 años. Los planes que se ofrecen a los mayores para ayudarles en la permanencia o consecución de un empleo son irrelevantes, por el contrario todas las administraciones públicas compiten por sus planes de empleo juvenil.

Los partidos se olvidan de que la demografía está a favor de los mayores y que por lo tanto son una fuerza electoral decisoria de tal modo que si se organizasen , al margen de aquellos, podrían acabar con las discriminaciones.