Es evidente que el problema empieza a inquietar tanto en España como en Europa. La insostenibilidad de esta situación en el medio plazo ha obligado a los dirigentes a reflexionar y centrar medidas en la reducción de los niveles de desempleo juvenil, que, según Eurostat, alcanzó en 2012 el 23,7% en la UE y el 57% en España. Pero, desgraciadamente, ni con las últimas reformas laborales ni con el paquete de medidas que ahora se quieren impulsar se va a conseguir la tan ansiada piedra filosofal. Si bien es cierto que las tasas de desempleo se han disparado a medida que se ha desarrollado la crisis, la situación laboral que presenta España dista de ser un problema coyuntural. El conjunto de factores políticos, sociales, históricos y económico-productivos que han determinado el actual mercado laboral, muestran la complejidad y el carácter estructural de dicha problemática, lo que a su vez obliga a visualizarla en un espacio temporal más allá de la crisis.

Si nos remontamos a los años 90, el desempleo total, juvenil y no tan juvenil alcanzaba tasas desorbitadas y muy superiores a la media de la UE (anexo). Con el modelo de crecimiento que comenzó a gestarse durante los años 90, España alcanzó exitosas tasas de crecimiento económico y absorbió gran parte de la población desempleada. Sin embargo, la embriaguez de estas ejemplares estadísticas parecía obviar que la realidad laboral se estaba configurando sobre la base de una débil estructura económica y social, con altas tasas de desempleo incluso en los años de mayor crecimiento y políticas laborales que han deteriorado las condiciones de trabajo y de vida.

La desregulación laboral permanente ha derivado en una precarización y empeoramiento de la calidad del trabajo. La temporalidad se ha establecido como forma contractual habitual muy por encima del promedio europeo. También han crecido los contratos parciales que, descritos en su momento como una relación laboral voluntaria para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, han derivado en soluciones involuntarias y fuente de segregación ocupacional entre hombres y mujeres, al ser estas últimas las receptoras de la mayor parte de este tipo de contratos. Asimismo, se han extendido otras formas de precarización mediante la subcontratación, contratos por turnos en horas socialmente desfavorables y el incremento de horas extras, que han supuesto un deterioro de la vida laboral y personal de la población.

Las políticas y estrategias impulsadas han seguido una tendencia global hacia la flexibilización del mercado laboral y han supuesto un importante cambio en la correlación de fuerzas en la negociación entre capital y trabajo, reflejado en la caída de las rentas salariales sobre el PIB. Políticas inspiradas en “rigurosos” modelos que defienden matemáticamente que la reducción del desempleo sólo se puede lograr bien mediante la reducción de (i) la negociación colectiva, (ii) la protección del empleo, (iii) los salarios mínimos y (iv) el seguro de desempleo, o bien alcanzando un equilibrio ajustando, a la baja, los salarios. Bajo estos supuestos se han avalado las numerosas reformas y decretos laborales como verdades irrefutables, cuando no existen fundamentos que prueben una relación directa entre menores salarios y derechos laborales con mayor creación de empleo. En este sentido algunos estudios muestran que no existe correlación alguna entre desempleo y rigidez/flexibilidad laboral.

Aferradas a la necesidad de “modernizar” y converger la estructura del mercado de trabajo hacia la de nuestros vecinos europeos, las distintas reformas del marco legislativo laboral han repetido sistemáticamente medidas basadas en el abaratamiento del despido, el debilitamiento de la negociación colectiva, la precarización de las formas contractuales y la inestabilidad de los subsidios por desempleo. Un agregado de políticas que ni son aisladas ni nacen a raíz de las últimas reformas laborales, forman parte de un largo proceso de ajuste donde el consumo pudo ser mantenido con endeudamiento que suplía las insuficientes retribuciones laborales.

Las consecuencias de este planteamiento muestran un panorama desolador para la población joven. Más de una generación, con elevados niveles de cualificación, se está viendo afectada por el desempleo de larga duración (40% de los jóvenes parados en 2012) y por la incapacidad de lograr la independencia económica debido a la inestabilidad contractual y los bajos salarios. Una situación que ha profundizado la desigualdad y la pobreza (más del 32% de los jóvenes en 2012) además de obligar a casi 400.000 jóvenes a emigrar ante la falta de oportunidades (y no por el espíritu aventurero).

Ante esta compleja situación, los mecanismos planteados para combatir el desempleo, y en especial el desempleo juvenil, no son más que parches. La gravedad de la situación, además de afectar a la vida de este colectivo, tendrá consecuencias presentes y futuras sobre la economía del país (sostenibilidad del sistema de pensiones, fuga de cerebros, pobreza, desigualdad…). Continuar por este camino, sin considerar que el desempleo estructural en España está estrechamente relacionado con el modelo de crecimiento, el sistema productivo y empresarial, sólo profundizará en la herida en vez de curarla. A pesar de todo, a los jóvenes nos queda hacer futuro; a pesar de los sabios granujas del presente.

*María Eugenia Ruiz-Gálvez Juzgado Investigadora del Grupo Economía Política de la Mundialización y miembro de Econonuestra