El Plan de Reformas del Gobierno de Mariano Rajoy continúa a pesar de las tormentas o quizás, precisamente, por tanta algarabía. La cita de la próxima rendición de cuentas en el Congreso, con el formato del “estado de la nación” y las últimas arremetidas de Rubalcaba, han podido determinar que se haya animado el Gobierno a presentar el “Anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local”, que venía siendo discutido desde el verano pasado y que se lleva a las Cortes con el rechazo a la totalidad por parte del PSOE y muchas reticencias de la FEMP.

Según declara el texto gubernamental se pretende:

-Clarificar competencias para evitar duplicidades.

-Racionalizar para que no se gaste más de lo que se ingresa.

-Control financiero y presupuestario.

-Favorecer iniciativas económicas privadas.

El énfasis se pone en el tema competencial, definiendo la lista de competencias que deben ser desarrolladas por la Administración Local, que diferencia de las estatales y autonómicas. Un Ayuntamiento tiene las competencias que dice la Ley .Únicamente cuando esté garantizada la prestación de servicios obligatorios se podrá prestar otros servicios.

Expresamente se establece que Educación y Sanidad serán exclusivas de la Comunidades Autónomas , fijándose un periodo transitorio para el cambio.

El ministro Montoro, al explicar la reforma, ha cuantificado en más de 7.000 millones de euros los ahorros que pueden conseguirse de aquí al 2015, sobre todo por la eliminación de duplicidades y eliminación de empresas municipales. Entran serias dudas sobre los resultados, especialmente por haberse obviado la supresión de municipios de difícil sostenibilidad. En España hay 8 116 municipios. De ellos, 4000 tienen menos de 500vecinos y hay más de 1000 con un censo inferior a 100 vecinos. Parece un milagro que sobrevivan en esa atomización .A este respecto al exigir que los municipios tienen que estar saneados y prestar unos “servicios mínimos”, abre la posibilidad para su supresión, pasando a las Diputaciones las competencias. Se limitan las mancomunidades y no se podrán crear nuevas sociedades ni organismos paralelos.

La reforma incluía una fuerte reducción en el número de concejales,pero tal propósito solo podrá ser abordado cuando se cambie la Ley Electoral, mientras tanto se regula la dedicación exclusiva de los ediles  , limitando su número en función del censo de habitantes. El informe dice que hay 68.285 concejales  y que solamente el 18% podrán tener dedicación exclusiva, y se reduce drásticamente el número de los llamados asesores.

Muy moderada ha sido la propuesta referente a retribuciones ,que se vinculan al censo municipal ,con la limitación de no sobrepasar el sueldo de un Secretario de Estado, que anda por los 100.000 euros, en el caso de ciudades con más de 500.000 habitantes.

Se espera que en los próximos días surja fuego graneado contra el anteproyecto. Los nacionalistas, soberanistas, claman defendiendo sus propias competencias. Desde el PSOE avisan de privatizaciones y de que se vulnera la representación popular. Lo que es cierto es que hay que  aclarar competencias y financiaciones. No se puede admitir que la actual ley de Régimen Local permita excesos de las corporaciones contra la propia sociedad civil, pretendiendo  suplantarla en todas las actividades o que se ignore el control presupuestario. Una de las mejores propuestas de la reforma se refiere a las funciones de los interventores, que demasiadas veces se ignoran en muchos ayuntamientos.

El texto propuesto seguramente es mejorable en el trámite parlamentario, por medio de enmiendas transacionales. Sería un grave perjuicio para el país que no saliese adelante una reforma para alcanzar que la Administración Local sea más eficaz y cueste menos a los ciudadanos.