Fechas atrás, publicaba un artículo titulado «Un político, un sueldo» en el que analizaba la necesidad de que las cantidades que perciben los dirigentes políticos de sus partidos tuviesen la consideración de sueldo público a todos los efectos, incluidas las incompatibilidades, por más que los partidos políticos tengan la consideración de asociaciones privadas. Se evitaría así que tales dirigentes acumularan a su sueldo público las cantidades percibidas de sus partidos con la excusa de que tales percepciones procedían de una entidad privada.

Las ingentes cantidades percibidas por la señora Cospedal como Secretaria General del partido, sumadas a las procedentes de su sueldo como diputada autonómica y como funcionaria en excedencia, por más que fueran legales, eran un escándalo ético y moral, incompatible con los sacrificios exigidos a los ciudadanos.

En el citado artículo, clamaba por someter los sueldos de los partidos a reglas similares al resto de los sueldos públicos teniendo en cuenta que la financiación de estas asociaciones es pública al noventa por ciento y abogaba por que no fueran sus gestores los que decidieran las cuantías de sus emolumentos, sino que éstos estuvieran fijadas por ley. También me hacía eco de las palabras de Fernando Jiménez que consideraba que los partidos políticos y su financiación alimentan «una bomba de relojería en cuanto a la legitimidad del sistema democrático».

La bomba parece que ha estallado y que causará daños de proporciones aún por determinar.

Y le ha estallado al Partido Popular en forma de bomba de racimo presuntamente cargada de sobres con dinero negro que, según algunos medios de comunicación, mancharán a multitud de políticos en activo y también en pasivo.

Lo cierto es que existan o no existan los sobres y sean éstos de dinero negro o blanco, los partidos políticos a pesar de que están financiados casi en su totalidad con dinero público, disponen de sus recursos sin sometimiento a control alguno.

No contradice esta afirmación el hecho de que la Ley de financiación de los partidos políticos atribuya al Tribunal de Cuentas el control de su actividad económico-financiera, porque tal control es muy limitado y el informe que finalmente se emite se eleva a las Cortes Generales –es decir, a los propios políticos- para su aprobación y publicación.

Se perdería una gran oportunidad si no se incluyera a los partidos políticos dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la futura Ley de transparencia. Se estaría evidenciando que algo huele mal dentro de estas asociaciones, a la vez que se retrataría el fariseísmo de la clase política y, en especial del PP, que a pesar de las graves sospechas que pesan sobre él, estaría desaprovechando la ocasión de dar un paso al frente -de verdad, sin engaños, aunque no sirva de precedente- en pos de la ética que debiera presidir la actuación de los gestores públicos.

Dice la señora Cospedal que el PP va revisar su contabilidad una y mil veces para constatar si hubo pagos irregulares. No hace falta tanto; bastaría someter el control de sus finanzas a los ciudadanos, que al fin y a la postre son los que pagan de una u otra manera, colgándolas en la página web del partido para que pudieran ser escrutadas y verificadas. Pero, ¿quién se arriesga a ese ejercicio de transparencia? Sería difícil contener a los ciudadanos.

                   La estrategia que anuncia el PP para investigar la presunta existencia de sobres de dinero negro y sus posibles destinatarios, carece de la más mínima credibilidad en cuanto que es un proceso de autoevaluación, un remake del «yo me lo guiso, yo me lo como».

                   Pero, haya o no sobrecogedores (cogedores de sobres) sean de dinero negro o blanco, lo que resulta indiscutible es que no hay mejor método de lucha contra las malas prácticas que la transparencia y no hay mejor desinfectante que la luz del sol.

                   La opacidad es la antesala de la corrupción. No hay una sola razón jurídica, política, ética o moral que pueda justificar que las finanzas de los partidos y el uso que se hace de las mismas no sean públicos. No se puede pedir a la ciudadanía esfuerzo, sacrificio, solidaridad, responsabilidad, cuando quienes lo piden nos ofrecen día a día, espectáculos tan bochornosos.

                   La señora Cospedal gobierna la comunidad autónoma de Castilla La Mancha desde una ciudad, Toledo, desde la que Jorge Manrique escribió unas famosas quintillas previniendo contra los abusos en el ejercicio de los oficios públicos que mantienen plena vigencia a pesar del tiempo transcurrido. Dicen así:

                   «Nobles discretos varones

                   que gobernáis a Toledo,

                   en aquestos escalones

desechad las aficiones,

codicias, amor y miedo.

Por los comunes provechos

dexad los particulares.

Pues vos fizo Dios pilares

de tan riquísimos techos,

estad firmes y derechos»

                   Estas quintillas figuran inscritas en la escalera de acceso al Ayuntamiento de Toledo que, a la vista de lo visto, no estaría de más que se convirtiera en lugar de culto y peregrinaje para la clase política.