El Ministro Montoro, en su habitual y casi único estilo de amenaza, nos idem, con publicar la lista de defraudadores a la hacienda pública, en un intento de intimidar a quienes así actúan. Apela el Ministro para fundamentar tal medida al sentido patriótico y de solidaridad que debiera animar a todos, más en los difíciles momentos económicos por los que atraviesa España.

            Loable intención.

Ahora bien, ¿qué es un defraudador?, ¿por qué existen los defraudadores?, ¿qué impulsa a un ciudadano normal a convertirse en defraudador?

Defraudador es el que defrauda. El término defraudar tiene varias acepciones. Las recogidas por la RAE son las siguientes: «1. Privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho. 2. Frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o algo. 3. Eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones. 4. Turbar, quitar, entorpecer.»

Parece claro que el Sr. Montoro va a publicar la lista de defraudadores y que se va a limitar a hacerlo circunscrita a la acepción 3. No estaría de más que la extendiera al resto de sus significados. Se llevaría una sorpresa. Su nombre figuraría entre los candidatos a integrarla.

¿Por qué existen los defraudadores en la acepción 3?

Hay defraudadores por naturaleza. Personas que han hecho de la defraudación su estilo de vida. Es indiscutible que el sistema debe erradicar a este tipo de ciudadanos, pero no ahora porque estemos atravesando una crisis económica, sino, siempre, por razones éticas, estéticas y, sobre todo, jurídicas. Son sujetos tóxicos.

Hay personas, sin embargo, que sin haber pensado nunca en defraudar, escamotean lo que pueden al fisco, pero no porque sean defraudadores en potencia, sino porque reflexionan sobre en qué se gastan nuestros impuestos, y hay que ser insensible para no tener un arrebato de cólera. Ayudas millonarias a la banca para que sus gestores autoaprueben jubilaciones millonarias; jubilaciones de oro de ex presidentes, ex ministros; ex diputados; sectores públicos mastodónticos cobijo de familiares y amigos; personal de confianza; duplicidad de órganos; sueldos millonarios; ayudas a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales sin sujeción a control alguno; incompatibilidades permisivas, etc, etc, son todas ellas cuestiones difíciles de digerir sobre un lienzo titulado democrático al que le faltan aún muchas pinceladas para poder ser contemplado sin rubor.

Por otro lado, apelar al sentido patriótico para desterrar este tipo de conductas es fariseismo puro. ¿Qué es España? ¿Podemos hablar al día de hoy de una patria llamada España?

España, lamentablemente, es una mera expresión geográfica, sin armonía, sin poder aglutinador -excepto en eventos deportivos-, incapaz de irradiar concordia, unión... Su bandera, o cualquier distintivo que la identifique, ha pasado a ser un emblema peligroso en determinados territorios nacionales –qué diferencia con EEUU, donde la bandera luce con orgullo en los domicilios más humildes-.

¿Qué se hace desde el poder central para consolidar una idea de España? Absolutamente nada. Todo lo contrario, se es políticamente permisivo con los movimientos separatistas.

¿Cabe pues apelar a la idea de España para excitar conductas solidarias?

Indudablemente, no.

Búsquense otras invocaciones más creíbles y menos sensibleras.

Si dejamos a un lado la acepción 3, resulta que el ranking de defraudadores pasaría a ser ocupado por el Sr. Rajoy, seguido a poca distancia –cuando no inmediatamente detrás- por el Sr. Montoro.

¿Quién o quiénes han privado a los ciudadanos con abuso de confianza e incumpliendo las obligaciones contraídas a través del programa electoral de sus legítimos derechos?

¿Quién o quiénes han frustrado y/o desvanecido la confianza en ellos depositada en función de sus promesas electorales?

¿Quién o quiénes han turbado, quitado o entorpecido el legítimo uso y disfrute de derechos consolidados por la práctica inveterada?

La respuesta concita, sin ningún género de duda, unanimidad.

La política sigue siendo un ámbito en el que, desgraciadamente, mentir sale gratis total. No cabe en este caso apelar a un déficit oculto ni a una situación desconocida. El Gobierno se cansó de proclamar que el traspaso de poderes había sido ejemplar. Quienes lo gestionaron son los mismos que integran ahora el Gobierno. ¿Incompetencia, bisoñez? ¿Cuál de las respuestas es más inquietante? ¿Por qué debe pivotar el pago de las consecuencias únicamente sobre el ciudadano?

Lista de defraudadores, sí, pero de todos y en todas sus acepciones.