Sr. Presidente.

            Le escribo en mi condición de ciudadano sensibilizado y preocupado por los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad y apelando a dos atributos que le presumo: sentido común y sentido de la responsabilidad.

            España ha sufrido en los últimos años las consecuencias de una crisis brutal por causas externas pero, también internas. Unas y otras han sido juzgadas por los ciudadanos en las últimas elecciones generales, a cuyas resultas se ha depositado en su persona el poder absoluto en la confianza de que sabrá pilotar el barco y conducirlo a aguas menos tormentosas.

            Es indudable que enderezar esta situación requiere sacrificios y solidaridad por parte de todos. Ocurre, sin embargo, que hay cinco millones de ciudadanos a los que no se les puede pedir más esfuerzo porque unos han perdido el puesto de trabajo y otros no lo han tenido nunca. Además, hay otros cuantos millones que sólo se pueden permitir el lujo de sobrevivir con salarios que no llegan a los 500€. Son personas que no entienden de primas de riesgo ni de agencias de calificación, pero sí tienen capacidad para percibir que la crisis no afecta a todos por igual. Las consecuencias de la situación las sufren traumáticamente y se encuentran al borde de la indigencia.

            Mas, junto a ellos, hay una clase de ciudadanos, integrada mayoritariamente por ex dirigentes políticos, para la que la crisis tiene una incidencia muy relativa, si acaso, influye en su capacidad de ahorro, pero no en la de gasto.

            Ha manifestado usted en los días previos a su elección como Presidente del Gobierno que los ejes centrales de su mandato serían la justicia y la austeridad, a la vez que ha destacado la importancia de los gestos en la actual coyuntura económica. Someto a su consideración dos ejemplos de los muchos que abundan en el territorio patrio para que juzgue si superan el tamiz de tales principios.

            ¿Es justo y austero, Sr. Rajoy, que los ex Presidentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según una norma que sigue vigente, tengan derecho a percibir a partir de su cese, por la mitad del tiempo que han permanecido en su cargo y, en todo caso, durante una legislatura completa, el 80% del sueldo que corresponde al Presidente, más gastos de oficina, alquiler de inmuebles, tres puestos de trabajo, vehículo oficial con conductor, dietas, gastos de viaje, estancias y traslados por su asistencia a actos oficiales, más gastos protocolarios y, además, cuando alcancen la edad de 65 años o se cumpla el plazo anterior, a percibir una pensión permanente del 60% de la cantidad referida y que tal derecho pase en su caso a la viuda o pareja estable?

            ¿Es justo y austero, Sr. Rajoy, que usted mismo, cuando pase a ser ex Presidente del Gobierno pase a percibir 78.125 € anuales, a los que hay que sumar 72.000 € anuales como miembro nato del Consejo de Estado, más chófer, servicio de seguridad y asistentes?

            Son sólo dos ejemplos, pero muy expresivos, ya que están referidos uno a una comunidad autónoma con un elevado índice de paro, y otro a un Presidente del Gobierno que ha predicado ejemplaridad y austeridad. Pero podríamos seguir con otros similares, o con las indemnizaciones millonarias por cese de legislatura establecidas en otros muchos territorios.

            ¿Cuál es el fundamento jurídico, ético, filosófico, molecular, cromosómico o estratosférico que pueda justificar que determinados políticos se metamorfoseen y se conviertan en seres superiores? Creíamos que ese atributo estaba reservado al Presidente del Real Madrid.

            ¿No sería un buen y ejemplarizante punto de partida poner fin a todos estos privilegios? ¿No sería un gran gesto para demostrar a los ciudadanos que recortes sí, pero comenzando por lo injustificado y extravagante?

            Decía Savigny que la historia no resuelve problemas pero ayuda a entenderlos. Ya en tiempos más recientes, López Rodó (del que cabe recordar su condición de tecnócrata ahora que tal circunstancia se discute para ejercer la política), afirmaba que “la democracia sólo existirá cuando tengamos mil dólares de renta per capita”. Un gobernante está obligado a escarmentar en los errores ajenos, sin que pueda invocar el derecho a equivocarse. Ya sabe cuáles son los resultados de estudiar economía en dos tardes. Tome las decisiones que procedan, pero recuerde que las que someto a su consideración están cargadas de simbolismo y mensaje.

            Haga, pues, su trabajo, pero como los buenos cirujanos, no corte por lo sano, por el pueblo, por la ciudadanía. Comience eliminando las adherencias y el tejido adiposo, gánese la confianza del paciente. Es el mejor método para que la intervención resulte exitosa. Sólo así creará el ambiente de solidaridad y credibilidad que la sociedad espera.

            Le sugiero, por último, que, si es receptivo a las consideraciones que le hago, aproveche la próxima reforma constitucional para erradicar este tipo de conductas y evitar que puedan reproducirse en el futuro. A tal efecto le propongo modificar el artículo 23.2, dándole la siguiente redacción: “Asimismo (los ciudadanos), tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, sin que del ejercicio de tales funciones y cargos puedan derivarse privilegios una vez se haya cesado en los mismos”.

            Le deseo el mayor de los éxitos por el bien de todos.