El impuesto cero que el Ministerio Hacienda plantea para blindar a los bancos, a partir del 1 de enero de 2013, con el objetivo de evitar que las Comunidades Autónomas puedan gravar a las entidades financieras, supone un fraude legal cuyo único objetivo es proteger a los poderes y a las grandes fortunas, más teniendo en cuenta que este impuesto está respaldado por una sentencia del Tribunal Constitucional.

El Gobierno del PP demuestra una vez más que su plan oculto es desmantelar por completo el actual modelo de estado social, haciendo recaer sobre trabajadores, funcionarios, autónomos, comerciantes, PYMES, mundo rural, ganadero, artesanos y profesionales todo el peso de la crisis.
En Asturias, el gobierno de Mariano Rajoy ha detraído entorno a 200 millones de euros destinados a políticas sociales y de reactivación económica, lo que pone en serio peligro el mantenimiento de los servicios sociales. El PP sigue una hoja de ruta preestablecida por los grandes poderes económicos y financieros en lo que parece un ‘experimento’ económico para terminar con el Estado del Bienestar.

El incremento de los impuestos indirectos como el IVA, que perjudica especialmente a las clases populares, se suma al fracaso premeditado en la persecución del fraude fiscal, con una reducción de recursos económicos y materiales para detectar y punir estos delitos, a la amnistía a los defraudadores y, ahora, a un impuesto falso, con el único objetivo de evitar que las Comunidades Autónomas puedan combatir el plan de derribo del sistema de seguridad social y prestaciones. Izquierda Unida de Asturias promoverá la movilización social, en acuerdo con sindicatos, organizaciones de todo tipo, y la ciudadanía, para intentar evitar que el PP fuerce, con su rodillo parlamentario, una medida que perjudicará la prestación de coberturas sociales, a los servicios públicos básicos y la reactivación económica.

La transfusión de recursos de la sociedad a los grandes poderes financieros, la asunción de la deuda privada a espaldas de toda la ciudadanía y, ahora, este nuevo blindaje de la banca exigen una movilización masiva, así como la puesta en marcha de cuantos recursos sean posibles para evitar este fraude a la ley, a la justicia fiscal y distributiva.