Dentro de unas  horas se conocerá el veredicto que han dado cinco millones y medio de catalanes en unas elecciones autonómicas,  cuyo resultado trasciende los límites geográficos de su celebración. La jornada tiene un alcance de la mayor importancia, tanto para los votantes como para sus conciudadanos del resto de España .

A lo largo de estas últimas semanas, los medios de comunicación, políticos de todas las tendencias, economistas, incluso artistas y clérigos, han bombardeado a la sociedad civil sobre los pros y contras de una posible secesión de Cataluña. De cara a la votación ya está todo dicho, incluyendo los episodios esperpénticos de corrupción y guerra sucia, cuyos desenlaces, si los hubiese, se producirá en tiempo posterior.

Importa ahora alguna reflexión sobre el día después. Desde la otra orilla hay un deseo extendido de que Artur Más, que se ha ganado muchas antipatías, no consiga la mayoría absoluta, o la excepcional, que ha pedido a los catalanes para llevar adelante su proyecto soberanista. Las encuestas dicen que se va a quedar a las puertas de ese resultado y que incluso podría perder algún escaño de los que ya tiene. Si tal ocurriese las consecuencias serían de régimen interior para CIU y el propio Artur Más, pero a nivel nacional el inevitable triunfo independentista seguirá alterando gravemente la estabilidad institucional del país.

Pronto se sabrá hasta donde llega ,en el nuevo Parlament de Cataluña, la mayoría soberanista si se suman los escaños de CIU, ERC e IVC. En frente estarán los diputados del PP y del PSC, los representantes del constitucionalismo, aunque los socialistas catalanes tengan algún ramalazo ambiguo.

Con este escenario el Gobierno de España se encontrará, en el plazo de días, con un reto en toda la línea. Desde la declaración unilateral de independencia, como anuncia ERC, a la celebración de un referéndum aunque la convocatoria sea ilegal. El desafío puede alcanzar todas las cotas imaginables y de poco han servido las advertencias de Bruselas respecto a la nula posibilidad de una incorporación de oficio de una Cataluña escindida. El ya desenmascarado Duran Lleida anda redoblando los esfuerzos para internacionalizar el conflicto, al mismo tiempo que reclama dinero y competencias en el Congreso y se guarda su pasaporte diplomático español.

 Hay que suponer que el Gobierno tenga ya  preparadas las adecuadas respuestas a tanta rebeldía desatada. En todo caso deben ser tremendamente claras, aplicando todos los recursos que posee un gobierno democrático. Cumplir la ley y hacer que se cumpla por todas las autoridades del Estado, ejerciendo la autoridad  de acuerdo con las previsiones constitucionales, administrativas y penales, sin complejos y con la inmediatez necesaria.

No sobraría que el Gobierno empezase con algunas advertencias de claro signo económico. Por ejemplo que la ministra de Fomento anunciase que a instancias de la Comunidad de Aragón se revisará el trazado del Corredor Ferroviario del Mediterráneo, en el que está previsto una inversión  de 50.000 millones de euros y la ayuda de la UE, para llevarlo a Canfránc y no a Barcelona. También sería indicativo que el ministro Wert dijese que España podría renunciar a organizar los Juegos del Mediterráneo, 2017 en Tarragona, en razón de las restricciones presupuestarias

Va a ser difícil reconducir la situación, pero hay que intentarlo .El actual independentismo catalán responde más a motivaciones económicas que emocionales. En cierto modo es un independentismo de cartera que tiene un correctivo muy concreto.

La opinión publica lo entendería enseguida.