La limpiadora más novata sabe que las escaleras hay que barrerlas de arriba abajo y no de abajo arriba. Le basta para llegar a tal conclusión aplicar el sentido común en su nivel elemental.

            El Gobierno, sin embargo, ignora este principio. ¿Incompetencia, insensibilidad, improvisación, insensatez, inconsciencia? ¿ Cuál de las respuestas es más inquietante?.

            No lo sabemos, pero las vicisitudes que está siguiendo la aplicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, es la prueba del algodón de que estamos en manos de un Gobierno desconcertante y desconcertado, que suma al flagrante incumplimiento de su programa electoral –que lo deslegitima para seguir gobernando- una descoordinación brutal fruto de su alocada carrera por recaudar a toda costa.

            La citada ley que según su disposición final séptima debía entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 22 de noviembre de 2012, ve demorada su eficacia por el muy jurídico argumento de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aún no ha preparado los impresos que soportan documentalmente la tasa.

            En cualquier sociedad medianamente seria, esta payasada –que me perdonen los payasos, pero el Gobierno no puede ser un circo- debería acarrear el inmediato cese de los titulares de los ministerios implicados, cuando no la inmediata convocatoria de elecciones anticipadas. La sociedad no puede estar sometida por más tiempo a la descoordinación e improvisación de un gabinete de incompetentes.

            Pero aún sin mediar tan ridícula circunstancia, el improvisado tasazo judicial constituye un ataque frontal al principio de igualdad y la erradicación del derecho a la tutela judicial efectiva que se hacen depender ahora del nivel económico del ciudadano. Se dan casos tan extravagantes e injustos como que para recurrir una multa de tráfico de cien euros, hay que pagar una tasa de doscientos. Se da además el efecto perverso de que es la propia Administración recurrida la que obliga a desistir al ciudadano al exigirle una tasa para impugnar sus propias decisiones. Una auténtica vergüenza. Si se trata de desatascar la justicia, que convoquen más plazas de jueces.

            Los funcionarios ya no somos los únicos destinatarios de la despolítica del Gobierno. No. Rajoy y sus huestes disparan contra todo lo que se mueve y sea capaz de alimentar su voracidad recaudatoria.

            Estamos padeciendo las actuaciones de un gobierno errático –nos quejábamos de Zapatero- y que actúa a impulsos. Véase, a mayor abundamiento de lo dicho, el Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección de los Deudores hipotecarios, a través del que el Gobierno convierte un problema humanitario en un problema jurídico y dinerario, rompiendo el sacrosanto principio, ya patente en el código de Hamurabi (2.000 años aC), de que los contratos deben cumplirse en sus términos.

El ciudadano, sobre todo el perteneciente a la clase media, se ha convertido en la diana de los disparos de un gobierno que solo piensa en generar ingresos y no en recortar las fuentes de producción de gastos que son numerosas, tanto a nivel estatal, como a nivel autonómico.

Titulábamos un artículo publicado en este mismo medio “Crisis, ¿qué crisis?”, enfocando la actual situación económica desde el prisma de la clase política y, quizás, ahí radica el verdadero problema. ¿De qué crisis le estamos hablando, por ejemplo, a un Presidente del Gobierno que tiene asegurada una jubilación de 176.000€ anuales provenientes de su sueldo como ex Presidente y como miembro nato del Consejo de Estado y que lleva viviendo desde hace muchísimos años en un régimen de todo incluido?

Desde esa atalaya es muy fácil aplicar medidas de recorte.

¿De qué crisis les estamos hablando a los Ministros que desde el mismo día de jurar o prometer el cargo tienen aseguradas unas pensiones vitalicias?

¿De qué crisis les estamos hablando a los diputados nacionales y autonómicos, a los eurodiputados y a los concejales de los ayuntamientos que pueden decidir en qué porcentaje de sus retribuciones contribuyen al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?

Pero quizá el núcleo más escandaloso lo constituyan los sectores públicos y el personal eventual.

El sector público se ha creado a partir del fenómeno bautizado con la elocuente  expresión de “huida del Derecho Administrativo”, y consiste en la creación de fórmulas organizativas en el ámbito público que, pese a perseguir fines de interés general, tienen personalidad privada o que, aún ostentando la condición de organismos públicos, se rigen en mayor o menor medida por el derecho privado. Algún autor (Pascual García. J) entiende que la expresión resulta insuficiente actualmente para describir la amplitud del fenómeno y sugiere rebautizarla como “huida del Derecho Administrativo, del Presupuesto y de los controles financieros”. En el debate político se les denomina “chiringuitos”. Se calcula que en España existen unos 4.200.

Adquiere caracteres tragicómicos en el caso de las fundaciones, cuyo uso debería estar prohibido para los entes públicos. El art. 34 CE reconoce a los particulares como derecho fundamental el de la fundación para fines de interés general, y ésa es la razón de que la ley atribuya a la Administración a través de un Protectorado la tutela de ese interés general que está en la base fundacional. La constitución de fundaciones por la Administración Pública, además de una redundancia –la Administración persigue el interés general según el art. 103.3 CE- supone una enorme contradicción. Resulta muy extravagante que la Administración se tutele a sí misma a través del Protectorado..

Lo que es un hecho incuestionable es que el sector público se ha convertido en la principal empresa familiar del país. Sirve de cobijo a todo tipo de relaciones políticas y de parentesco.

Por lo que se refiere al personal eventual, ya nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones en contra de su caracterización como empleados públicos, lo que conlleva que sus retribuciones sean abonadas con cargo a los presupuestos de la Administración en la que desarrollan su actividad. No surgen por necesidades de funcionamiento de la Administración, sino de los partidos políticos, y por tanto sus emolumentos deben correr a cargo de éstos. Tal es así que no pueden intervenir en procedimientos administrativos so pena de contaminarlos.

Se calcula que en España hay unos 280.000, por lo que su exclusión del Estatuto Básico del Empleado Público supondría un ahorro inmediato que rondaría los 15.000 millones de euros anuales.

El Magistrado Chaves, gran conocedor de la Administración Pública, califica al personal eventual como “los modernos validos y asistentes de las autoridades nombrados sin oposición ni prueba alguna (...) refugio de políticos errantes tras perder las elecciones”.

La doctrina los califica como la Administración paralela.

Son muchos los escalones superiores que hay que barrer. La crisis que atravesamos no es sólo una crisis económica de mal administrador –se gastó más de lo que se ingresaba- sino una crisis institucional y ética.

Si se sigue pasando la aspiradora únicamente en los escalones inferiores, se acabarán desgastando, y la sociedad ya agonizante que los habita, será definitivamente masacrada y extinguida, lo que conllevará la pérdida de apoyo de la escalera y su derrumbe definitivo.

En tanto el Gobierno no aplique el sentido común y el elemental método de las limpiadoras –las escaleras se barren de arriba abajo-, no nos libraremos de los problemas que nos acucian.