No ha sido el Gobierno español el que ha provocado una nueva confrontación con Gran Bretaña a propósito de Gibraltar. España tiene demasiadas preocupaciones y el Gobierno hace horas extraordinarias para poder dar respuesta a tanto frente abierto. Cuando una parte de la nación está en trance de secesión, cuando el tesoro público se las ve y desea para llegar a fin de mes y las calles recogen el clamor de la protesta, sería un disparate añadir nuevas tensiones.

El origen de la rabieta británica hay que buscarlo en el cambio de la política de complacencia respecto al Peñon que había adoptado el ministro de “ los desatinos”,Miguel Ángel Moratinos, y que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores ,José Miguel García Moratinos se propuso desmontar desde el primer día.

Todavía causa sonrojo la foto de Moratinos en el balcón de “top of the rock” desarrollando la política del “buenismo” de su mentor Zapatero, que consistió en dar carta de interlocutor a la autoridad gibraltareña, en plan de igualdad con España y Gran Bretaña, incluso en temas de soberanía.

La diplomacia de halagos y regalos a una población ocupante ,insensible a ofertas y gestos, pero cada vez más enriquecida por la pasividad española, incluso con perjuicio de los otros vecinos del Peñón, unicamente ha servido para envalentonar a las autoridades gibraltareñas que ahora reclaman mayores facilidades para su turismo y ganar espacio en zonas portuarias ,utilizando el chantaje sobre los pescadores de La Línea y Algeciras.

España sigue teniendo el respaldo de la Comisión de Descolonización de la ONU que consagra el principio de integridad territorial que prima sobre el de autodeterminación. Gran Bretaña se defiende  remitiendo la decisión a los 28.000 “llanitos” que no constituyen población originaria. La actitud británica no responde a escrúpulos democráticos sino a puro pragmatismo. Ahora la base militar le cuesta muy poco, dado el nivel de renta que ha alcanzado Gibraltar, le sirve para su liderazgo en la OTAN y por último tampoco España presiona demasiado.

Habrá que ver por donde sale García Margallo frente a las últimas quejas. De momento ha recordado la vigencia del artículo X del Tratado de Utrecht ,que no reconoce aguas territoriales, y que la ocupación del istmo es ilegal.

La población gibraltareña está creciendo y saturando el escaso espacio disponible y por ello andan buscando facilidades para asentarse en forma de colonias inmobiliarias de “segundas viviendas”, cuando, sin embargo,  los españoles no pueden domiciliarse en el Peñon. Cortar el expansionismo gibraltareño y aplicar el Tratado son los recursos que tiene la diplomacia española.

Pocas causas han sido defendidas a lo largo de la Historia con tanta unanimidad por parte de los españoles de todos los signos. Desde el primer día Felipe V trató de subsanar la piratería inglesa y así continuaron sus sucesores. Durante la I República, Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar ,también lo intentaron ,al igual que en la II República ,Alcalá Zamora y Azaña. Los dictadores Miguel Primo de Rivera y especialmente Franco, reivindicaron  la soberanía sobre Gibraltar de forma insistente, y los gobiernos democráticos siguieron con mayor o menor insistencia.

En 1985 el gobierno de Felipe Gonzalez abrió la verja que permanecía cerrada desde 1969. Se confiaba que el nuevo talante democrático español facilitase la solución teniendo en cuenta las más que generosas ofertas que se hicieron desde Madrid. A la vista quedan los resultados, suficientes para dar un cambio de estrategia y desde luego a no prestarse al juego chantajista de gibraltareños bendecidos por el Reino Unido, cuya elección del tiempo de tensión no es gratuita.