Para abrir una tienda, decidir los horarios de atención al público, iniciar el periodo de rebajas, aplicar las promociones, en suma, la actividad comercial a la que cada empresario aspira, hay 17 legislaciones diferentes, tantas como comunidades autónomas.

El transporte de mercancías peligrosas se regula con diferentes horarios de circulación y tipos de vía en cada municipio de España..

A la instalación de la misma antena de telefonía móvil le son aplicables tantas ordenanzas urbanísticas diferentes como municipios hay en nuestro país. Dependiendo de la comunidad autónoma el mismo etiquetado de un producto alimenticio da o no lugar a sanción. Los controles a las emisiones a la atmósfera que genera una fábrica de cemento son dispares en cada territorio.

Estos y otros múltiples ejemplos ponen de relieve que el territorio nacional está compartimentado en absurdos micro mercados que son ejemplo de ineficiencia, de pérdida de productividad y freno a la inversión y como consecuencia a la generación de empleo.

Mientras en la UE se avanza desde hace 20 años, en España se esta retrocediendo en nuestro propio mercado interior. La causa es haber permitido que nuestro sistema autonómico se pervirtiese por la mala gestión política que facilitó que en lugar de la conveniente descentralización se repitiese 17 miniestados dispuestos a mimetizar todas las funciones de la administración central.

La división del mercado encuentra su origen en la existencia de normas, a escala autonómica y local, reguladoras de la misma materia. Las críticas a la situación se están produciendo de forma generalizada. La COE, el Instituto de la Empresa Familiar, el Círculo de Empresarios y otros, coinciden en la urgencia de afrontar un proceso de simplificación normativa en las tres administraciones que abarque todas las cuestiones que inciden en la vida del ciudadano.

Federico Castaño pone un ejemplo de calle: “si un pescador es aficionado a especies como el salmón, la trucha, el lucio, la carpa o la perca, está condenado a pagar media docenas de licencias, una por cada comunidad autónoma en la que mas abundan estas variedades”. El desbarajuste, la diarrea legislativa, ha llegado a tales extremos que ha tenido que ser la UE la que llamase la atención, urgiendo a poner remedio a la ruptura de la unidad de mercado.

La vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santamaría ya anunció que el Ejecutivo prepara una Ley de Unidad de Mercado con objeto de establecer unos máximos de actuación en la aprobación de normas por parte de las autonomías. La mejora de la unidad de mercado redundaría en un crecimiento de 45.000 millones de euros en los próximos años.

Esta reformas debieran unirse a las anunciadas en el último Consejo de Ministros que persiguen acometer un extenso informe de auditoría de todas las administraciones públicas del país con el objetivo de reformarla, mejorar su eficacia, eliminar duplicidades y reducir la burocracia.

Si la auditoria se hace como se anuncia, “de abajo a arriba” de toda la administración, seguro que pondrá en evidencia la necesidad de acabar con la administración redundantes, que se duplican, triplican y hasta se quintuplican si existen organismos mancomunados.

Las encuestas del CIS reflejan que se esta produciendo una alarmante desafección sobre el Estado de autonomías, pero antes que entrar en nuevos periodos constituyentes mas valdría  corregir los vicios añadidos y si es con un Pacto de Estado, mejor que mejor .