La “burbuja” inmobiliaria iba acompañada de fuertes llamadas de alerta, al principio. Luego, de alarma. Oídos sordos: las autoridades españolas repetían hasta la saciedad que todo iba viento en popa y que el mejor botón de muestra era que “España construía más viviendas que toda la Unión Europea”.

Recuerdo en 2001 las declaraciones del entonces Primer Ministro, adalid del neoliberalismo y la privatización, así como las entusiastas referencias al “motor inmobiliario” de los mismos que hoy nos llevan por la senda de la más austera austeridad y exprimen al máximo a los ciudadanos, al tiempo que tapan inverosímiles “agujeros bancarios” sin que se depuren responsabilidades a los más directamente implicados en los desaguisados.

Tampoco el Gobierno elegido en 2004 supo o pudo reducir la “burbuja” a pesar de los presagios y múltiples advertencias.

La ONU acaba de subrayar “el daño social que han causado las hipotecas” (“El País, 20 de octubre de 2012): “La sujeción del mercado inmobiliario a la lógica financiera ha agravado las desigualdades en el acceso a la vivienda, la seguridad social y ha aumentado el número de personas sin hogar”.

El informe presentado por la Relatora  Especial del Derecho a la Vivienda, Raquel Rolnik, se muestra muy duro con el mercado y las políticas de vivienda en España (burbuja de precios, facilidades para la adquisición de viviendas sobretasadas que han conducido a la enorme deuda acumulada y el drama de las ejecuciones hipotecarias (350 mil desde 2007, con 159 desalojos diarios)). Entre 1997 y 2004 los precios se incrementaron un 150%. Las entidades bancarias consiguieron “productos hipotecarios” especialmente dirigidos a prestatarios con bajos ingresos.

Es urgente que se tomen ahora mismo las medidas correspondientes sobre lo sucedido para que “cada palo aguante su vela”… y, sobre todo, para que no se repita algo parecido en el futuro.