Si no se resuelve la crisis política, va a ser muy difícil que se pueda encauzar la crisis económica, la social, el paro y todas las demás crisis que devoran el país. Por ahí anda Rosa Díez cuando propone la refundación del Estado, llegar a nuevas fórmulas que faciliten un Estado fuerte, viable y sostenible.

La lideresa, que no tiene pelos en la lengua y que a veces se embala, no se ha andado por las ramas para responder a los desafíos de Artur Mas y ha pedido que el Gobierno no vacile en aplicar el tan llevado artículo155 de la Constitución (seguramente ya conocido por amplios sectores de la opinión pública) que facilita al Gobierno intervenir a la Comunidad Autónoma que atentare gravemente al interés general del país. Instrumento legal que se inspira en la figura de la llamada “coherción federal” prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Alemania.

Tiene razón la parlamentaria de UCD cuando dice que las leyes son para aplicarlas y que ahora se dan las circunstancias extraordinarias, puesto que las reticencias del presidente de la Generalitat de Cataluña a someterse al control presupuestario, que es imprescindible para alcanzar el objetivo del déficit impuesto por la UE, pone en peligro el mantenimiento de los servicios sociales en  condiciones de igualdad para todos los españoles, en momentos en que es de imperiosa necesidad la unidad de dirección.

Por cierto, que Rosa Díez aprovecha la ocasión para proponer que se vuelva a incluir en el Código Penal un artículo, que fue suprimido en el 2005 por Rodríguez Zapatero, que permitía castigar penalmente la convocatoria de referendos ilegales.

Hasta hace poco, el mencionado artículo 155 había merecido la atención de los comentaristas, pero sin que hubiese pronunciamiento desde esferas gubernamentales. La cuestión se ha reavivado al declarar el Gobierno, en un documento presentado en Londres, titulado ”La senda de España hacia la estabilidad y el crecimiento” en el que se dice que si un gobierno regional no adopta las medidas de ejecución presupuestaria se recurrirá al citado art.155.

Este documento se ha entregado a los inversores internacionales y encaja en una campaña de credibilidad institucional, al igual que la pasada Conferencia de Presidentes que aún descafeinada y contestada por Artur Mas, añade nuevos pasos de tranquilidad a los mercados.

La oposición ha criticado el anuncio gubernamental y si es fácilmente entendible que los nacionalistas se pongan nerviosos, menos lo son las reticencias del PSOE expresadas por

Soraya Rodríguez diciendo que con tal aplicación el gobierno “pretende dar un golpe constitucional”.

Claro que al PSOE, un partido cada vez más confuso, habría que recodarle que Alfonso Guerra, allá en el 2007 escribió en las revista Tiempo un artículo en el que proponía que si el lendakari Ibarretxe convocaba un referendo, el Estado debe imponer la legalidad a través del artículo 155 de la Constitución.

La situación política y económica actual es tan caótica que cabe de todo, pero Rajoy tiene que aceptar que la pelota se encuentra en el tejado del Gobierno y que su responsabilidad incluye el cumplimiento de las leyes, utilizando los mecanismos que la propia legislación determina, como es el caso del dichoso artículo 155.

En esta línea seguramente recibiría el apoyo de amplísimos sectores de la ciudadanía y de las instituciones, además de los gobiernos de la UE que también andan preocupados por la sensación de ingobernabilidad en España.