El encuentro de la Moncloa no sólo no ha servido para reconducir la situación sino que, al contrario, como el propio Artur Mas había anticipado, se ha usado para apretar el acelerador hacia la secesión.

Enterrado el pacto fiscal y cualquier otra forma para mejorar el encaje de Cataluña en España sólo queda arbitrar y ejecutar las políticas y medidas que hagan fracasar el desafío independista. Es triste reconocer, pero se ha revelado negro sobre blanco, el fracaso democrático de nuestra Transición cuyo gran logro conciliador no ha ido acompañado de eficacia y validez como instrumento de gobierno. La Constitución se ha ido pervirtiendo por obra y gracia de los políticos de turno y ahora está tan debilitada que veremos si resiste el desprecio y el ataque de los nacionalistas catalanes, de los moderados y los radicales.

Los ciudadanos se preguntan qué va a pasar y muchos se hacen un lío. No faltan las opciones de los que ante “tanta fatiga mutua” pidan que se suelten amarras y que Cataluña se monte su chiringuito. Otros se inclinan por aplicar medidas contundentes, como el uso de las Fuerzas Armadas, que sería inconcebible pero que ya se ha reseñado en algún periódico catalán, poniendo como contrapartida que serían fuerzas de la OTAN, como en Kosovo, las que replicarían el ejército español.

Por cierto, un inciso, los kosovares siguen sin recibir sus pensiones, que Serbia no paga por la declaración unilateral de independencia.

En los próximos días o semanas, se sabrá cuál es la hoja de ruta que propone el presidente de la Generalitat al Parlament catalán. Incluirá un referéndum y la alternativa de un adelanto electoral. El referéndum supondría salirse de la legalidad constitucional y permitiría al Gobierno utilizar en toda su dimensión el artículo 155 de la Constitución que señala que si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España, el Gobierno, como la aprobación de la mayoría absoluta del Senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

Debería ser el último recurso, una vez que hayan fracasado nuevas llamadas de atención provenientes del Gobierno, de los máximos responsables de las grandes empresas catalanas entidades bancarias y advertencias del jefe de Estado.

No hay antecedentes de aplicación pero si se enfatiza que hay que recurrir a la fuerza de las leyes no valen excusas.

La alternativa de elecciones anticipadas busca por parte de Artur Mas, rentabilizar las manifestaciones organizadas y otras ya anunciadas. Ante ello, el Gobierno de la Nación, el PP y el PSOE debieran hacer el mayor esfuerzo posible de informar a los catalanes de las falsedades del victimismo. Resaltar los ofrecimientos de 5.000 millones de euros del rescate, elevándose ya a 11.000 millones la asistencia financiera de la que se ha beneficiado la Generalitat a lo largo de este ejercicio, y poniendo de relieve, al mismo tiempo, el cúmulo de dificultades que supondría la marcha hacia la independencia que además no resuelve los gravísimos problemas de ahora mismo, con 900.000 parados y una estructura de gasto disparatada.

El PP y PSOE deben ser contundentes en la defensa de la Constitución.Ya no hay tiempo para la ambigüedad.