En el Plan de Reformas que presentó el PP, figura el adelgazamiento de las administraciones públicas, que supondría un ahorro considerable de recursos e incluso una mejora de la calidad de la democracia. Por descontado menos aparato funcionarial y un significativo recorte en la clase política. En definitiva racionalizar los gastos y buscar eficiencia y eficacia.
En el Plan se incluye una Administración Local integrada por menos municipios, pero más eficientes en términos de población e ingresos, que garanticen los servicios públicos que les correspondan, a precios adecuados y bien gestionados, capaces de la adecuada sostenibilidad financiera y evitar el endeudamiento y morosidad perversa.
La legislatura está avanzando y al parecer está retenido el anteproyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local anunciada hace meses La propuesta clave es la disminución del número de municipios, siguiendo las recomendaciones de Bruselas ya aplicadas en otros países presionados por las medidas de ajuste.
En Grecia se han suprimido todos los municipios inferiores a 10.000 habitantes con un ahorro de 1.200 millones de euros. Italia ha eliminado 36 provincias con menos de 300.000 habitantes y se impone a 1.500 ayuntamientos ,con un censo inferior a 1.000 habitantes, la obligación de fusionarse en el plazo de dos años.
El proceso de adelgazamiento de la estructura de la administración local no es nuevo. Alemania se adelantó varias décadas y pasó de 25.000municipios a 8.000.Reducciones importantes se han efectuado en Bélgica, pasando de 2.700 a 600 municipios, en Dinamarca, Francia y otros países.
Nuestra estructura local procede de la Constitución de 1812 , diseñando un modelo “campesino y parroquial” que aun perdura en muchos cientos de pequeños municipios, pero que hoy es insostenible. En España hay 8116 municipios. De ellos 4.000 tienen menos de 500 vecinos y hay más de 1.000 con un censo de dos dígitos.
La atomización ha ido en aumento, siendo un verdadero milagro que tantas entidades sobrevivan o aparentan mantenerse.
A cualquiera se le alcanza que las fusiones permitirían conseguir una masa crítica adecuada. Si el censo municipal es mayor, los vecinos tocaran a menos para mantener alcaldes, secretarios, interventores, administrativos, trabajadores y hasta concejales liberados.
Lo que parece razonable no siempre es fácil de llevar a buen término. Alrededor del ente municipal, primera unidad política, se entrecruzan intereses y sentimientos. Los principales detractores de las fusiones son los políticos que ven disminuidas plazas de poder, pero también hay que tener en cuenta las raíces históricas de vecindad cuando todavía están frescas disputas de límites o de confrontaciones más o menos pintorescas.
Las razones para convencer de la conveniencia de las nuevas andaduras, no pueden recaer solamente en motivos económicos, los argumentos economicistas que dicen los manejadores de tres vocablos, sino en la oportunidad de mejorar la calidad de los servicios e incluso del ejercicio democrático y comportamiento social, como antídoto frente al caciquismo o la opresión de minorías.
Según algunas informaciones el PSOE rechaza las fusiones y la reducción de concejales, pero si apoya una regulación de las retribuciones de los ediles. Haría bien el Gobierno en airear sus proyectos y explicar procedimientos y los beneficios que se esperan. La Administración Local, emparedada entre la Estatal y la Autonómica, se declara asfixiada. Necesita que se delimiten sus competencias y se proporcionen los recursos correspondientes.
En el ranking de atomización municipal, Asturias no destaca especialmente .De los 78 ayuntamientos, 6 tienen un censo inferior a los 500 habitantes. Tenemos el mismo número que Dinamarca, pero este país tiene cinco veces más población que el Principado. Peor lo tiene Extremadura con más ayuntamientos que la Gran Bretaña.
