“Siempre se puede esperar que los políticos terminen por hacer lo correcto, una vez agotadas todas las demás posibilidades”.

La sentencia es de W. Churchill quien dijo muchas más cosas que aquello de “sangre, sudor y lágrimas”, tan evocada con ocasión de los recortes que padecemos.

El presidente del Gobierno, antes de ir a respirar, por unos días, los aires de Doñana, ha reiterado que no hay otras alternativas si queremos salir del pozo, recordando que los españoles debemos 900.000 millones de euros, el valor de todo lo que producimos en un año y que no se pueden repetir las alegrías del año pasado cuando nos gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos.

Cada vez se sabe menos de cómo salir, no ya de la crisis generalizada, sino de las espadas de Damocles que nos amenazan de forma inexorable. Un ejemplo: en el mes de setiembre, el Tesoro tendrá que realizar pagos del orden de 40.000 mil millones de euros y no tiene claro cómo hacerle frente. El mismo Rajoy se declara en “stand by” hasta que el BCE se pronuncie sobre las condiciones para que el “el rescate blando” acude en nuestra ayuda.

El Gobierno está atenazado tanto por Bruselas como por las quebradas comunidades autónomas que exigen fondos para llegar hasta final de año y ante unos y otros, el Gobierno, por lo menos hasta ahora, ha actuado con cataplasmas, recibiendo el resultado de que todo el mundo se le suba a las barbas.

Está ya suficientemente extendida la opinión de que el reparto de sacrificios nunca podrá ser equitativo mientras el aparato político y administrativo aparezca como intocable. No hace falta más demostraciones acerca de la estructura territorial que nos dimos. Es evidente que requiere severos ajustes, porque nos está saliendo demasiado cara.

No hay precedentes, salvo España, de que un Estado descentralizado en el que el volumen de empleo público crezca en vez de reducirse o estabilizarse. Entre el 2006 y el 2010 ya metidos en crisis, el empleo público territorial creció en 117.00 puestos de trabajo mientras que en el Estado lo hizo sólo en 8500 empleos. Las CC.AA. suman más de 1,7 millones de funcionarios con nóminas superiores a la media salarial en el sector privado. Si le sumamos los 600.000 del Estado y los 700.000, más los contratados de los Ayuntamientos podemos ver dónde va a acabar un gran capítulo de la fiscalidad.

Hay epígrafes que suscitan mayor irritabilidad. Las 10 televisiones autonómicas nos salen por más de 3000 millones de euros. Si no es de recibo una red de periódicos del Estado y de las autonomías porque sería retroceder en democracia, se entiende menos el despilfarro. Está reconocido que el gasto público innecesario, superfluo es el primer síntoma del totalitarismo.

Cataplasmas han sido las actuaciones del gobierno para denunciar el ruinoso entramado autonómico de 2400 entes públicos “fundaciones, consorcios, etc.” y más de 800 empresas que son un lastre para las finanzas de las regiones y del propio Estado. La deuda de las empresas autonómicas es de 13.800 millones de euros y las locales acumulan 9.300 millones en saldos negativos. Son empresas que los políticos se resisten a desmontar por su condición de instrumentos de poder.

El Gobierno ha reconocido su fracaso para reconducir esta sangría. Al parecer solamente se han suprimido dos empresas.

Algunos expertos afirman que de la crisis se puede salir con liderazgo o con consenso; quizás con ambos. Sería bueno que Rajoy explorara esta recomendación.