El profesor Punset decía que la Constitución, como norma al servicio permanente de los ciudadanos requiere su puesta al día. Pero la Constitución es una casa, no un solar. Hacer reformas en la casa es necesario, pero exige que a sus moradores les guste vivir en ella. ¿Quiere Arthur Mas, Urkullu y algunos asimilados como Rivero, y hasta Griñán seguir bajo el actual techo constitucional?
Algunos constitucionalistas insisten en el carácter dinámico que tiene que tener cualquier Carta Magna, porque ahora los cambios son más complejos y se producen con mayor rapidez. Aceptando la necesidad de las actualizaciones, lo que produce sospechas es que los demandantes de las mismas, en realidad lo que buscan, con pocos escrúpulos constitucionales y mucho egoísmo, liberarse de cualquier aspecto de solidaridad y en todo caso ser ellos los administradores de la hacienda común, especialmente de aquellas partidas que los benefician pero que proceden del esfuerzo de todos.
Al servicio de estos propósitos está la política del desafío, del desplante, que se ha producido cuando se intenta que sea operativa la ley Estabilidad Presupuestaria, que al fijar el nivel de gasto de las Comunidades Autónomas, sienta las bases más firmes de la cohesión presupuestaria en el Estado español.
Este “ventanal” se refería hace algunos días a los continuados desacatos de Arthur Mas, de CIU y del ambiguo Durán i Lleida. Los nuevos episodios han alcanzado niveles de escándalo con repercusión internacional, en perjuicio de todos y al que se han sumado nuevos actores. El pulso de los gobiernos catalán y andaluz sobrepasa el rifirrafe de otros contenciosos. Además hay un matiz que añade mayor preocupación y es que a la rebeldía habitual de los partidos nacionalistas se suman las de un líder socialista de primera línea. Que el PSOE sea el impulsor de la deslealtad manifiesta de Griñán como procedimiento para erosionar gravemente el gobierno de Rajoy y de esta forma ganar posiciones de cara a la confrontación electoral, está descalificando a un partido que va perdiendo su alma fundacional por la falta de nivel y responsabilidad de los líderes que sucedieron a Felipe González.
La mayoría de la opinión pública repudia estas conductas y posiciones que parecen precipitar que acabemos en un Estado marginal, pero junto al rechazo, se preguntan por la respuesta del gobierno. No vale la táctica de mirar para otro lado y, en definitiva, claudicar, una vez más, de forma vergonzante recurriendo al pasteleo. Es significativo que, por ejemplo, Arthur Mas rebaje el tono de su altanería, proponiendo una negociación “de igual a igual” en el tema del techo del gasto.
Es un hecho constatado recientemente que la mayor diferencia de nuestra crisis con respecto a la que soportan el resto de las grandes economías, no radica exclusivamente en el derroche público.El gran hecho diferencial es nuestra dificultad para imponer legalmente las reformas necesarias para que España no siga el camino de Grecia, Portugal o Irlanda.
Existen demasiados ejemplos de que primero se vació de competencias al Estado y a continuación se puso en duda su legitimidad para el gobierno. Es muy difícil volver a poner las plumas al pavo cuando ya se le ha desplumado, pero algo hay que hacer, si queremos que España siga existiendo como nación unitaria. Hay que aplicar el imperio de la ley, capaz de doblegar la insumisión a las acciones legales del gobierno, a los alardes de Amaiur, a los que se han subido a los lomos de un tigre de papel, cuya fortaleza proviene del arrebato.
Puede temblar el pulso pero hay que aplicar la ley, incluidos los artículos de la Constitución, que prevén la intervención en las Comunidades Autónomas.
