La maniobra de Artur Mas lanzando un nuevo chantaje, no ya al Gobierno sino a todo el armazón constitucional que sustenta España, pone de manifiesto a que grado de perversión hemos llegado en nuestro acontecer político. Para el Parlament de Cataluña la Constitución es irrelevante frente a sus propias decisiones, despreciando el artículo 1 de la Carta Magna que afirma que la soberanía reside en el pueblo español. Claro que si no vacilan en coartar el uso del castellano e impiden la exhibición de la enseña nacional, con mayor énfasis reclaman su particular hacienda.
Olvidan Artur Mas y el Parlament que la política redistributiva de un Estado, entre personas y territorios, no procede de componendas ni de balances fiscales, sino que es una obligación para el Estado que se dice social en la Constitución.
Este nuevo desafío, hay que añadirlo a la continuada sucesión de comportamientos que en los últimos años han socavado el respeto y la lealtad a la Constitución, vaciando de contenido muchas afirmaciones constitucionales, sustituyéndolas por la ambigüedad, el incumplimiento o la radical oposición. Hay demasiados ejemplos de esta situación. El Título VIII dedicado al sistema autonómico ha derivado a una interpretación esperpéntica de lo que se pretendía para fomentar la cohesión, propiciando el secesionismo y la ruptura de la unidad de mercado y derechos .En la misma forma, la ley electoral, la financiación de los partidos, el tribunal constitucional y el poder judicial requieren un nuevo planteamiento.
Las leyes , como las personas, también envejecen, por ello desde diferentes foros se insiste en la necesidad de abordar un proceso de regeneración democrática. Las dudas están entre si basta una reforma o se acomete una nueva Constitución, pero existe cierta unanimidad en reconocer que previamente habría que despejar el virus de una partitocracia que impregna malignamente todos los aspectos sociales y las instituciones.
En un curso sobre la Constitución de 1812 que acaba de celebrarse en La Granda, políticos como Fernando Suarez, Otero Novas, Osorio, Ortí Bordás, Sabando, y otros, que tuvieron un papel destacado en la Transición, han coincidido en señalar los desajustes de la Carta Magna y que una reforma solo puede abordarse desde el consenso de los dos grandes partidos, empezando por un cambio profundo de la Ley Electoral con el propósito de poner fin al partidismo que parasita todos los aspectos de la sociedad: medios de comunicación, sindicatos, órganos judiciales, asociaciones, cajas de ahorro, colegios profesionales y funcionariales, etcétera. Las más diversas manifestaciones de la sociedad civil están confundidas con los tentáculos de los partidos políticos, sean nacionales o nacionalistas, convertidos en amos de la democracia que con tal de permanecer adoptan estrategias inadmisibles.
Hay datos objetivos para pensar que el país se enfrenta a la peor generación de políticos de los años recientes, con escasas excelencias y una mediocridad generalizada, y desde luego a años luz de la capacidad de consenso que dieron sus antecesores en el gobierno y en la oposición, en la izquierda y en la derecha.
Una señal de nuevo escenario sería que PP y PSOE abordasen, ya, la reforma de la Ley Electoral, anunciando que se proponen una democracia de los ciudadanos, antes que de los partidos y de caciques y tribus del estilo de Artur Mas y otros.
NOTA FINAL.- Deben apresurarse por que ya hay grupos que pretenden la reforma a la totalidad constitucional desde diversas opciones. Unos” exquisitos conspiradores” con la ayuda de ciertos constitucionalista, se han reunido en Portugal- Palacio de Moura- para redactar un nuevo texto de la Carta Magna y desde la red se convoca al pueblo para ocupar el “Palacio de Invierno” el 25 de Setiembre y de forma asamblearia elaborar la nueva Constitución.
