Las denominadas políticas de austeridad han fracasado. Han desembocado en una nueva recesión económica que amenaza con transformarse en una depresión prolongada capaz de generar un nuevo vendaval destructivo de empleos, tejido productivo y empresarial, bienes públicos y derechos laborales y sociales. La deuda pública ha seguido aumentando a un fuerte ritmo y los mercados bloquean las posibilidades de obtener a costes asumibles la financiación que requieren las Administraciones públicas. Y lo mismo sucede con los bancos, cuyos activos se han deteriorado hasta el punto de requerir la intervención de los mecanismos de rescate europeos. Como consecuencia, la economía española en su conjunto se ha situado en una situación de emergencia que, en la práctica, raya con la insolvencia. Ahora, depende de la voluntad interesada y de los préstamos que de forma condicionada ofrecen unas instituciones europeas copadas por políticos y tecnócratas ultraliberales que pretenden resolver los problemas extendiendo y endureciendo los ajustes presupuestarios. Esta falta de acceso a la financiación, que se presenta normalmente como justificación, por inevitables, de las medidas actuales, es en realidad una rotunda evidencia del fracaso de las políticas de recortes.
Las medidas adoptadas nada tienen que ver con una austeridad solidaria que abogue por prescindir de lo superfluo y propicie un reparto de empleos y rentas con el objetivo de garantizar condiciones de vida dignas a toda la ciudadanía y maximizar el bienestar colectivo. No se trata, entiéndase bien, de una austeridad deseable que persiga un mayor respeto por los recursos naturales, el medio ambiente o las futuras generaciones y que trate de minimizar el consumo de materiales y energía que no pueden producirse y que, en algunos casos, están próximos a la desaparición. Se trata de una política de recortes convertida en una herramienta de presión política y económica puesta al servicio de unos objetivos antisociales: cargar los costes de la crisis sobre la mayoría de la población, conseguir una mejora rápida de la situación del sistema bancario internacional y la rentabilidad de las grandes empresas y extirpar mediante el miedo y la desesperanza toda posibilidad de crítica y resistencia ciudadana. Su objetivo no es otro que redistribuir poder, rentas, patrimonios y actividades del sector público a favor de una minoría que identifica la actual situación de crisis como una oportunidad para echar el cierre al Estado de bienestar, transformar en nuevas fuentes de negocio los derechos de la ciudadanía a la educación, la salud y la protección social, aumentar las tasas de rentabilidad del capital invertido y debilitar durante décadas la capacidad contractual y el poder de negociación de las clases trabajadoras.
Las medidas de austeridad aprobadas por el Consejo de Ministros de 13 de julio de 2012 pasarán a la historia de la brutalidad con la que representantes políticos elegidos democráticamente tratan a la mayoría de sus conciudadanos. Y pasarán a la historia de la infamia de los gobiernos que rompen con el programa electoral que los aupó al poder y defraudan, sin inmutarse, la confianza de los electores. Historia que, por cierto, está cargada de episodios similares en el pasado más reciente de este país y de otros países del sur de la eurozona, que muestran la fragilidad de unas democracias que no respetan los compromisos adquiridos por los gobiernos con sus votantes y con el conjunto de la ciudadanía. Por eso, la denuncia de estas políticas está tan estrechamente unida a la defensa de una democracia real asentada con firmeza en la libre expresión y manifestación de las críticas, el respeto permanente de los valores y prácticas democráticos y la capacidad de decisión efectiva de la mayoría.
El reciente y, por ahora, último hachazo del Gobierno de Rajoy afecta a las rentas, capacidad adquisitiva y condiciones de vida de la mayoría de la población. En nuestra opinión, estas medidas:
1. Son injustas. Hacen recaer los costes de la crisis sobre la mayoría de la población y golpean especialmente a sectores de las clases trabajadoras de baja renta, escasa cualificación y mínima capacidad de hacerse oír y hacer valer sus intereses. Cada día nuevas personas son excluidas de un mercado laboral cada vez más inhóspito, sufren mayores dificultades para tener acceso a unos bienes públicos que acentúan su carácter asistencial y se ven marginados de un bienestar del que disfrutaron durante algunos años con cierta precariedad y que ahora sienten que se les escurre entre las manos.
En sentido contrario, la llamada austeridad no afecta a las grandes fortunas y apenas roza a los bancos y grandes empresas que son tratados con mimo para sanear sus balances con dinero público y favorecer la reducción de unos costes laborales que perjudican su rentabilidad. Con descaro, se recorta la renta de la mayoría de la sociedad que deja en situación de exclusión a los sectores sociales más vulnerables mientras las grandes fortunas y rentas no se tocan y se olvidan sus delitos fiscales.
Pretenden justificar el tijeretazo basándose en una errónea e interesada culpabilización del sector público, de los trabajadores que allí desempeñan su labor y de unos parados a los que se confunde con acomodados rentistas a los que hay que incentivar en la búsqueda de empleos que no van a existir recortando prestaciones y subsidios.
Y al tiempo, intentan omitir las responsabilidades de unos mercados que han revelado su ineficiencia en sus funciones básicas de valorar y discriminar riesgos y proyectos de inversión o asignar de forma eficiente recursos. Ahí sigue estando la misma clase política que incumplió sus obligaciones de control y sanción de ilegalidades y desafueros y se enredó en innumerables casos de corrupción. Ahí siguen estando unos directivos de los sectores bancario e inmobiliario tan rapaces en su afán de lucro como incapaces de valorar los riesgos que asumían de forma completamente irresponsable y de utilizar con un mínimo juicio los recursos financieros y productivos que gestionaban.
2. Son ineficaces y contraproducentes. Ni van a restaurar la confianza en la economía española, ni van a contener la fuerza desestabilizadora de los denominados mercados, ni van a permitir alcanzar el objetivo (imposible, pero también injustificado) de reducir el déficit público hasta el 6,3% del PIB este año y al 3% en 2014. Desde hace dos años, los socios “rescatados” y los obligados por las instituciones europeas y los mercados a incrementar los recortes, disminuir la oferta de bienes públicos y protección social y reducir gastos e inversiones del sector público son ejemplos vivos de la inutilidad de una esta austeridad que no sirve para crear empleos, equilibrar las cuentas públicas, avanzar en la consolidación fiscal al ritmo fijado o reactivar la economía.
Los impactos de los recortes sobre la demanda interna, reduciéndola drásticamente, sobre la actividad económica, deprimiéndola, y sobre los empleos, eliminándolos, provocan una caída de la recaudación tributaria que neutraliza los efectos sobre el déficit público del ajuste de los gastos y del incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo. Se ha entrado así en una espiral deflacionista en la que el rigor presupuestario provoca atonía económica y convive con un déficit público estructural que impulsa la ampliación de la deuda pública y sirve para la justificación de nuevas rondas de recortes. El resultado de tanto desatino no puede ser otro que la destrucción de empleos, capacidades productivas y crecimiento potencial.
Estas políticas están especialmente contraindicadas en un aspecto de vital importancia para el futuro de las economías del sur de la eurozona. Al concentrar la atención de gobiernos nacionales, instituciones europeas, inversores internacionales y opinión pública en los problemas de financiación del sector público, equilibrio presupuestario y saneamiento de los balances de los bancos, contribuyen a que se pierdan de vista otros problemas de similar relevancia, si no más, relacionados con la debilidad estructural de la oferta productiva de los países del sur de la eurozona y la gran heterogeneidad productiva y financiera entre los Estados gestada en las décadas previas al estallido de la crisis global. Y no hay mercados ni agentes económicos privados que puedan solventar tales problemas.
3. Destruyen actividades económicas viables y deterioran el tejido económico y empresarial. El intento de compensar mediante el aumento de las exportaciones el destrozo causado por el desplome de la demanda interna no ha llevado ni puede llevar a ningún buen puerto. Se pretende que la reducción de los costes patronales, especialmente los costes laborales (salarios, seguridad social a cargo de la empresa, indemnizaciones por despido y otros gastos), repercuta en el descenso del nivel general de precios e implique una mayor competitividad vía precios que impulse la demanda externa. Pero tal devaluación interna ha tenido hasta ahora y seguirá teniendo efectos contradictorios que permiten tener dudas más que razonables sobre sus impactos positivos en la actividad económica o el empleo. En primer lugar, porque el tamaño relativo del valor de las ventas exteriores respecto al peso de la demanda interna es pequeño y haría falta un aumento descomunal de las mismas para compensar retrocesos menores de una demanda interna, que va a estar limitada por las necesidades de desendeudamiento y la reducción de la renta efectiva de la que dispondrá la mayoría de la población. En segundo lugar, porque la competencia vía precios con los productos procedentes de los países con bajos salarios sólo puede realizarse con una reducción de los costes laborales de tal calibre que sería socialmente inaceptable, políticamente inasumible y económicamente desastrosa. Y en tercer lugar, porque la generalización de políticas tan restrictivas en todos los países de la UE, impedirán de hecho el crecimiento de las exportaciones de las economías del sur de la eurozona.
Los resultados de las políticas de devaluación interna impuestas a las economías periféricas sólo ofrecen una duda: qué alcance tendrá la destrucción de empleos y la desaparición de pequeñas y medianas empresas que van a causar, en cuánto se reducirá el crecimiento potencial de las economías afectadas, hasta dónde caerá el nivel de vida de la mayoría de la población y durante cuánto tiempo se mantendrán medidas de carácter tan antisocial, antieconómico, antieuropeo y tan inútiles como las que se han impuesto.
Frente a los objetivos y prioridades que defiende la economía convencional (salvar el sistema bancario, propiciar nuevos campos de negocio para los grandes grupos empresariales y aumentar la tasa de rentabilidad del capital invertido), la economía crítica reafirma la subordinación de la política económica a la consecución del bienestar de las personas y la defensa irrenunciable de los derechos laborales, sociales y ciudadanos.
La consolidación de una ciudadanía crítica con las medidas de austeridad y devaluación interna que se imponen como única solución racional y de una población consciente del conjunto de problemas e intereses en juego es clave para abrir un nuevo enfoque de resolución de la crisis económica que respete de modo efectivo los derechos a empleos decentes, salarios dignos, protección social suficiente y libre acceso a bienes públicos de calidad.
El colectivo de economistas que formamos parte de econoNuestra queremos desmarcarnos públicamente de las autoridades económicas que nos malgobiernan y de los supuestos argumentos económicos que se utilizan para respaldar y justificar estas extremistas medidas de recorte. La defensa que hace econoNuestra de la lógica y el conocimiento económico se inscribe en la inexcusable tarea de promover, junto al conjunto de movimientos y organizaciones sociales, culturales, sindicales y políticas de izquierdas y progresistas, una ciudadanía movilizada en la exigencia de responsabilidades, en la denuncia de mentiras que se revisten con términos económicos y en la defensa de los derechos y condiciones de vida y trabajo de las personas.
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