Un nuevo paquete de medidas de ajuste está al caer y, como se podía esperar de un gobierno conservador insensible con los más desfavorecidos, se da una nueva vuelta de tuerca a colectivos que son víctimas de los desalmados que originaron la crisis y que no tuvieron nada que ver ni con su germinación ni con su prolongación en el tiempo.

Los funcionarios, pensionistas y desempleados son unas víctimas más de desaprensivos que se han enriquecido a su costa y que, lejos de pagar por sus tropelías, reciben el beneplácito gubernamental en forma de amnistía y de exenciones fiscales.

Se van a volver a congelar las pensiones, a rebajar el coste de las prestaciones por desempleo, a cerrar televisiones públicas y a bajar el sueldo de los funcionarios, por tercera vez. La primera del 5% en 2011, otra en forma de aumento de las horas de trabajo, que supone otra rebaja de su salario encubierta, y la tercera, ahora.

Mientras tanto, se amnistía a los delincuentes fiscales y se hace ampliando las facilidades iniciales, de forma que se puede blanquear dinero pagando mucho menos del 10% de todos los activos ocultos. Como los asesores de los defraudadores han protestado, Montoro ha decidido que se conforma con que tribute al 10% la parte generada en los ejercicios no prescritos, que solo son tres por tratarse de una amnistía fiscal, sin intereses ni recargos. Además, garantiza que no se comprobarán sus declaraciones y, como se trata de dinero negro, lo que va a suceder es que lo van a poner en circulación sin pagar un solo euro.

Aquí, nuestros solidarios empresarios amenazan con la deslocalización fiscal si se les incrementan los impuestos y no se ruborizan solicitando recortes en sanidad y en educación.  

No hay ingresos, el fraude fiscal asciende a más de 89.000 millones de euros, generado en su mayoría por las grandes empresas y, lejos de luchar contra el mismo, se amnistía a los delincuentes y solo se repone el 10% del personal que abandona la Administración Tributaria.

Mientras tanto, en Francia, Hollande ha decidido retirar la subida del IVA, subir los impuestos a los más ricos, establecer una tasa del 3% sobre dividendos, gravar un 4% las reservas petroleras y rebajar el umbral de las exenciones fiscales de donaciones y sucesiones, de 159 mil euros a 100 mil. Justo como en España.

Se atienden las protestas de los asesores de los delincuentes fiscales y no las de mineros, enseñantes, profesionales de sanidad y desempleados. Igual ha llegado el momento de dejar de poner la otra mejilla y de rebelarse contra las injusticias.