El golpe de Estado ocurrido en Paraguay es una alerta para los países de América Latina. Otra vez, violentando un proceso democrático legal y legítimo, repitiendo la ominosa estrategia aplicada en Honduras en 2009, se destituye a un presidente elegido democráticamente por el pueblo.

Solo que en esta ocasión, para variar un poco el libreto, los militares no allanaron la casa del presidente Lugo y lo expulsaron del país, sino que utilizando subterfugios, una mayoría de diputados y senadores, que representan a la vieja clase política, armó un juicio en el Senado para destituir “legalmente” al Presidente Lugo. Las irregularidades de tal proceso son evidentes.

El libelo con el que se acusó y destituyó a Fernando Lugo contenía cinco cargos con un alto contenido ideológico, estableciendo responsabilidades en la persona del presidente Lugo por cuestiones tales como “instigación a la lucha de clases”, “instigación a las ocupaciones de tierras”, “promover el odio entre paraguayos y la lucha violenta entre pobres y ricos”.

También se lo imputó de “atentar contra la soberanía de la República del Paraguay” por firmar el protocolo Ushuaia II. Dicho protocolo es un instrumento para articular una respuesta común de los países miembros del Mercosur, justamente contra el golpismo y en defensa de la democracia en la región. Ninguna de estas acusaciones fue sustentada ni en fondo ni en forma. Tanto es así que el apartado 3 del libelo está redactado textualmente así: “Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente”. Esta afirmación choca frontalmente contra los principios de presunción de inocencia y de debido proceso.

Y es que las irregularidades empezaron antes: en Paraguay no existía un procedimiento parlamentario para enjuiciar políticamente al Presidente, y habiendo fraguado el juicio político tras bastidores, el Congreso aprobó un reglamento para viabilizar y cerrar el proceso en menos de veinticuatro horas, por lo que los abogados de Lugo no tuvieron el tiempo necesario para preparar una defensa jurídica.

Pero era obvio que parte del plan de destituir al Presidente Lugo era el factor tiempo… y hacerlo lo más rápido posible tenía como finalidad evitar manifestaciones de apoyo tanto en el Paraguay como en el exterior.

Sin embargo, como nunca antes, el juicio político fue televisado en directo y el mundo pudo ver este "golpe de Estado constitucional” en un país que había elegido a Fernando Lugo para terminar con la larga noche del Partido Colorado. Por supuesto, los grandes medios de comunicación locales e internacionales se refirieron al tema como una “sustitución presidencial”, ocultando los grandes intereses de la oligarquía paraguaya y las ilegalidades del proceso.

En nuestra región la condena al golpe contra el Presidente Lugo ha sido unánime. Los países que conformamos la Unasur y el Mercosur denunciamos inmediatamente el golpe de Estado y estamos dispuestos a tomar acciones enérgicas para que impere el respeto a la democracia, esto es, a la voluntad popular.

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