Para Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y miembro de la dirección de Transparencia Internacional España (TI), hay una estrecha relación entre corrupción y crisis, de tal manera, que está comprobado que los países percibidos como corruptos tienen menos inversiones; la corrupción incrementa el gasto público y reduce los ingresos, generando costes adicionales en las empresas. El mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia, la rendición de cuentas, los controles de integridad y prevención.

 Según Villoria, España tiene serios defectos en esos capítulos y así lo revela el último informe de Transparencia Internacional que la sitúa al mismo nivel de otros países del sur de Europa -Grecia, Italia y Portugal- que evidencian problemas de despilfarro, negligencia y corrupción, que no controlan ni sancionan debidamente.

El Informe pone de relieve que en nuestro sistema político y económico hay demasiadas lagunas que pueden conducir a la ineficiencia y más aún a la corrupción, como lo señalan los 800 casos abiertos contra responsables públicos por diversos delitos de esta naturaleza.

A la hora de señalar autores y ámbitos, TI asegura que la lucha contra la corrupción se juega preferentemente en las áreas de los partidos políticos, dado su papel clave en el sistema democrático, por lo que valora que “su falta de compromiso suficiente” en ese combate es significativa y muy peligrosa. Tal parece que esta inculpación tiene el aval de la opinión pública, como lo señalan las encuestas de TI y las recientes del CIS.

El 80% de los españoles considera corruptos o semicorruptos a los partidos políticos, un porcentaje idéntico al de Italia, sólo superado por Grecia -88%- lo que contrasta con Dinamarca -18%- o Suiza -29%-. En el extenso capítulo que el informe del TI dedica a los partidos, propone una mejora de las reglas de financiación y la creación de organismos independientes de supervisión de dichos procesos. Además recomienda estimular la democracia interna de los partidos así como una modificación de la Ley Electoral para eliminar las listas cerradas.

Respecto al poder judicial, TI pide una “despolitización” del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

La publicación del informe de TI trae a colación el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que está en fase de elaboración y que puede llegar a ser realidad en las próximas semanas.

Hay razonables esperanzas de que España avance hacia un gobierno más abierto y responsable, especialmente si los compromisos se cumplen, porque la proyectada ley es la norma que obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web, las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos. También establece como delito el despilfarro de dinero público e incluso es un buen cortafuego contra el nepotismo encubierto. Mariano Rajoy ha dicho que la nueva ley pretende que “se gobierne mejor, que se gestiones bien y que la gente sepa en qué se gasta su dinero”, de tal forma que “si se enchufa” a alguien salgan nombre y apellidos.

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