Nuestro sistema sanitario público es reconocido por los profesionales y los ciudadanos como un sistema universal de calidad y de bajo coste.
Sin embargo, el Gobierno sacrifica la sanidad y la educación en aras de los mercados. El gobierno ha anunciado un recorte brutal en educación y sanidad de 10.000 millones de euros para aplacar la desconfianza de los mercados ante el proyecto de Presupuestos para 2012. Hemos pasado del recorte al hachazo y de éste a la tala.
Esta tala afectaría a más del 10% del presupuesto sanitario que está en su mayoría en manos de las Comunidades Autónomas, mediante medidas drásticas de recorte de prestaciones, repagos de fármacos (a ricos), privatizaciones y desgravaciones fiscales que cambiarían de hecho el modelo universal financiado por impuestos de nuestro estado de bienestar o medioestar. Se trataría pues de aprovechar la crisis para demoler el modelo universal, con un nuevo hachazo que se suma al ya sufrido en el año 2011.
Es necesario destacar que nuestro débil estado social, que es perfectamente sostenible para nuestro nivel de renta, es fruto de un escaso compromiso financiero del Estado con las políticas sociales, derivado, entre otras razones, de un sistema fiscal escasamente progresivo y lleno de agujeros que facilita el fraude y la evasión generalizados de las rentas altas y una escasa contribución impositiva de las plusvalías, sociedades y patrimonio, en contraposición al IRPF o al IVA que pagan los asalariados.
Este bajo nivel de inversión social explica que, a pesar de la sanidad universal, la educación, las pensiones y la atención a la dependencia, estemos muy lejos de la Unión Europea. Sin embargo, todo ello se corresponde con una derecha que no hizo su transición por el Estado de bienestar y una izquierda gobernante que ha mantenido el Estado social en una situación de debilidad limitándolo a un mediocre Estado del medioestar. A ello han contribuido los que calificaron las rebajas fiscales como medidas de izquierdas y aceptaron propuestas como los modelos privados de gestión o la colaboración público-privada en la gestión sanitaria y los que han mirador para otro lado en tiempos de bonanza ante el reto de la dirección y coordinación del Sistema Nacional de Salud.
Hasta hoy, los buenos resultados del sistema sanitario, la opinión favorable de los ciudadanos (en la derecha y en la izquierda), la satisfacción de los lobbys presentes en el sector (farmacéuticos, de tecnologías sanitarias y de la industria sanitaria privada) han mantenido una situación de calma chicha fruto de un equilibrio de fuerzas e intereses económicos, sociales y políticos. Hemos vivido de la inercia, los beneficios excesivos para la industria farmacéutica y una gestión política entre el populismo y los “experimentos” con cava.
Sin embargo, a lo largo de los años de gestión autonómica y pasividad de la Administración Central en materia sanitaria, se ha ido modificando el Sistema Nacional de Salud en aspectos esenciales que hoy parecen ser las líneas de fuerza de la ofensiva del PP y los mercados en contra del mismo.
Las debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud han estado en los modelos de repago y privatización indirectos, de una parte, y de otra en una creciente medicalización y medicamentalización de la sanidad. Esta última directamente financiada y dirigida cada vez en mayor grado por las compañías multinacionales de la farmacia y la tecnología, cuyo control férreo impone unos modelos de negocio y trabajo negativos para el sistema. Así cualquier novedad medicamentosa o tecnológica se incorpora, a unos precios elevados, sin más, a las prestaciones públicas, aunque no haya la más mínima evidencia de las ventajas que aporta sobre lo existente, obviamente mucho más barato.
Son precisamente estas debilidades las que hoy se utilizan como palanca para demostrar una supuesta inviabilidad del Sistema Nacional de Salud: una deuda farmacéutica a proveedores que, sin ser excesiva, ha sido provocada por los mismos que se han beneficiado del sistema y hoy reclaman su reforma.
Otras debilidades han sido la ausencia de un verdadero modelo de gestión, la renuncia a la dirección política en materia sanitaria y la inexistencia de proyecto político, todo ello por parte de los sucesivos gobiernos, que se han escudado en que la “sanidad” era una competencia de las Comunidades Autónomas.
Ahora la fruta parece madura. Ha llegado el momento de pasar factura al Estado del medioestar y en particular a un modelo sanitario apetitoso para los mercados, con la ayuda de un gobierno nacional reducido a un comisariado de los mercados y la Unión Europea
El PP, bajo la bandera de la igualdad de prestaciones y acceso, entendida esta como uniformidad, cumplirá con el doble objetivo de recortar prestaciones, imponer o coordinar repagos y colaboraciones con el sector privado, debilitará el modelo de gestión autonómica al tiempo que lo responsabilizará de las inequidades e ineficiencia, cuando, en realidad, estas son y siguen siendo sociales unas y condicionadas por los lobbys las otras.
El PP tiene como principal objetivo romper la universalización, es decir sacar a las clases medias del Sistema Nacional de Salud, en tres frentes: reduciendo salarios de personal y prestaciones considerándolas lujosas y “pecaminosas” a veces para que se compren en el mercado (fertilización, aborto,…), con el objetivo de establecer unas prestaciones básicas y otras de pago. Introduciendo repagos o tasas para favorecer la “competencia” y la “mercantilización” y por tanto el flujo hacia el sector privado de aquellos que sufrirían doble imposición. Caminando todo ello, con desgravaciones fiscales y la generalización de mercados internos para el sector privado, hacia la precariedad y dualización del Sistema Nacional de Salud.
Todo ello, con la paradoja de que no sólo no supondrán ahorro alguno sino que aumentará el gasto sanitario como ocurre en los EEUU, que triplica el español.
La expulsión de las clases medias es el primer paso para transformar un sistema universal en otro meramente asistencial.
Por eso, hoy más que ayer, es necesario defender el modelo de Sistema Nacional de Salud público y universal, porque responde a necesidades y derechos ciudadanos a la salud y porque es el más eficiente, reforzando su coordinación, dirección participativa y descentralización frente a la imposición de los lobbys empresariales disfrazados de nostalgia centralizadora y eficiencia privatizadora. Para mañana y pasado mañana se trata de reorientar y reforzar el Sistema Nacional de Salud con la prioridad de los enfermos crónicos, la atención primaria de salud y la salud pública. Pero para todo esto tiene que seguir existiendo el Sistema Nacional de Salud que hoy pone en peligro la tala del Gobierno y los mercados.
*Diputado de IU por Asturias
