La propaganda electoral con ocasión de la convocatoria del 22M, transcurre por los cauces conocidos pero con cierto endurecimiento, ya que todas las partes van a intentar trascender los resultados de los comicios locales y autonómicos hacia pronunciamientos de carácter general.
Para la derecha y centro puede ser ocasión de una determinada revancha y acelerar el cambio que constituye el fondo de la cuestión. Para la izquierda, utilizar el momento para dar algún respiro al gobierno y especialmente al “zapaterismo”, que se disuelve después de haber agotado su voluntarismo rupturista y sus aventuras mitómanas.
No cabe duda de que estos comicios pueden ser un test muy significativo ya que ponen, a decidir por las urnas, alternativas que van más allá de las cuestiones municipales y territoriales y ello aprovechando que los ciudadanos aún son inexpertos en el conocimiento y funcionamiento de los distintos niveles que componen la estructura democrática del Estado.
El desconocimiento podría atribuirse a que después de treinta años de desarrollo del modelo autonómico, todavía faltan normativas, con su consiguiente respaldo presupuestario, que clarifiquen las competencias locales respecto a los órganos autonómicos y centrales.
Conseguido esto sería más fácil que las elecciones se centrasen en sus términos adecuados y no que se disparen en cuestiones en las que nada pintan ayuntamientos u órganos autonómicos.
La política energética, la inflación, el modelo productivo, las pensiones, el modelo de Estado, los conflictos internacionales ….. son algunos de los capítulos que se encuentran en mítines locales, siendo pura divagación puesto que son temas en los que no cabe ninguna responsabilidad. Mas valdría que el énfasis se concentrase en asuntos de urbanismo, transporte, circulación, limpieza, ruido, atención ciudadana, reducción de la burocracia, disminución impositiva, eliminación de boatos, de chiringuitos, de viajes turísticos, de multas abusivas, dietas innecesarias, consejeros, endogamias, publicaciones incensarios,…….en fin de todo aquello que de forma alarmante se ha ido desarrollando como un cáncer en las administraciones locales y autonómicas.
Alternativas a estas cuestiones, formuladas por los diferentes candidatos, son las que debieran oír los ciudadanos en la medida de que pueden ser compromisos y no brindis al sol.
Volviendo a la consideración inicial, parece inevitable que estas elecciones sean el inicio de un nuevo periodo, porque hay un tronar de la opinión pública en rechazo de tanta desmesura en el sector autonómico y local. Algunas cifras levantan ampollas.No se puede admitir que el déficit de los canales de televisión de las autonomías se eleve a 15000 millones de euros, cifra equivalente al recorte aprobado en medidas sociales. Tampoco se justifica que haya 35000 asesores ,nombrados a dedo, que pululan por las administraciones con un coste de 5000 millones de euros, o los 30000 coches oficiales.
El desmadre también va por otros conductos. Las autonomías, gobernadas por diferentes partidos, han aprobado 5500 leyes, gestionan la mitad del gasto público y sus 1350000 funcionarios, duplican ampliamente a los de la administración del Estado. Sería un tremendo error volver al centralismo pero se está haciendo muy necesario reajustar el funcionamiento territorial. No es una cuestión política sino técnica, para salvaguardar tanto la seguridad jurídica, como la unidad de mercado, la cohesión nacional y hasta la lealtad constitucional.
