Mientras la escuela pública se hunde -esto es literal en algunas-, y el sueldo de los profesores se congela –los alumnos, sin calefacción también-, y el copago sanitario se acerca, la impunidad hacia la corrupción crece y se castiga a los perseguidores. Después de que la Justicia acabara con Garzón, el Gobierno ha cesado a los investigadores de la trama Gürtel y de Urdangarín y en su lugar ha colocado en la oficina antifraude a una implicada en el caso de Gescartera. Simbólico, pero no tanto si tenemos en cuenta los precedentes y el fondo de la cuestión.
Mientras el coste de la corrupción en España, desatada durante la burbuja inmobiliaria, duplica la de nuestros vecinos europeos, los delitos “investigados” no llegan a un 10%. Mientras que a usted intentan culpabilizarle y hacerle responsable de la crisis, para los políticos hay barra libre del erario público. Lógico, si tenemos en cuenta que el control de gasto público corre a cargo del Tribunal de Cuentas, un órgano cuyos consejeros son elegidos por los dos principales partidos políticos, al igual que el Tribunal Supremo. ¿Quiere que le diga más?
Nos fallan los pilares básicos del Estado de Derecho, la separación entre poderes, la independencia de los mismos. Los que debían ser controlados eligen a quienes les debían controlar, no puedo imaginar mayor perversión en un sistema democrático. Y esta, que es la clave, ninguno de los dos está dispuesto a cambiarla...por la cuenta que les trae.
Si el dinero defraudado, evadido, no declarado y deudor de la Hacienda Pública viera la luz, no serían necesarios los recortes, máxime cuando a la hora de recortar solo lo hacen en los servicios básicos. Pero es que, si no hubiera paz para los corruptos, el pequeño empresario no sentiría justificado el fraude (y lo que ahorrarían en cohechos) Ayer, en un programa de la tele, preguntaban a varios jóvenes si alguna vez habían robado en las tiendas. Les parecía lo más normal. Y se reían. Como Camps.
