Desde grupos más o menos representativos, como el Sindicato de Estudiantes, o los sindicatos nacionalistas vascos y otras siglas, ya se están anunciando convocatorias a la huelga general en lo que parece una carrera para alcanzar protagonismo de agitación y revuelta. Quien tenga dudas que eche una ojeada a las redes sociales y podrá tomar la temperatura del grado de crispación que se quiere alentar en las próximas semanas.
Los dos sindicatos mayoritarios están preparando una estrategia más depurada para poder justificar la huelga general, en respuesta a la reforma laboral que ha impuesto el Gobierno. Pretenden que sean “otros” los que vayan calentando los ánimos para que de esta forma recoger mayores adhesiones. Quienes finalmente revuelven son los activistas de la izquierda más radical que nunca han admitido la victoria en las urnas del centro-derecha.
Causa desazón y también asqueo que líderes que se autotitulan demócratas hagan llamamientos a tomar las calles, a imponer su violencia, porque las elecciones les fueron adversas. Lo más negativo de estas actuaciones, es que efectivamente consiguen sus propósitos. Se hacen dueños de las calles y vulneran los derechos pacíficos de la mayoría. Paralizan el país a su antojo, gracias a los piquetes informativos y al incumplimiento de los servicios mínimos, sin que sean útiles los instrumentos correctores de los gobiernos que optan por poner la otra cara en evitación de que los desordenes pasen a tragedias.
Cada vez que, con mayor o menor motivo, se eleva la tensión social aparecen recomendaciones sobre la necesidad de una ley que desarrolle el derecho de huelga, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución,pero que también prescribe que sea una ley quien regule el ejercicio de tal derecho y las garantías en el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La jurisprudencia constitucional ha llamado reiteradamente la atención sobre esta falta de previsión legal.
Tanto el PSOE como el PP han tratado, en diferentes ocasiones, de llegar a un texto consensuado, a una Ley de Huelga ,pero al final la política de pactos concluía con dejar las cosas como están, en la indeterminación, principalmente en cuanto a responsabilidades.
Las centrales sindicales han sido opuestas a cualquier tipo de regulación legal y prefieren la autorregulación por trabajadores y sindicatos. Lo que más dolía de los proyectos era que se mencionaba:” La exigencia de responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal a quienes incumplieran la ley, incluida la indemnización de daños y perjuicios cuando se lesionaran derechos del empresario, de las Administraciones Públicas, o de terceros”.
Desde la implantación de la democracia ha habido siete huelgas generales. Es significativo que las huelgas fueron para conservar derechos de los trabajadores sindicados y muy poco efectivas en cuanto a la reducción del paro.
Respecto a las ya convocadas, y la que puedan promover UGT y CC.OO. es prácticamente imposible que el gobierno retroceda en sus regulaciones básicas y no por falta de ganas, sino porque actúa al dictado de la “troika” (FMI, BCE y la CE), y es un intento de reflotar al país porque no hay otras alternativas.
El gobierno debiera hacer más pedagogía explicando sobre la gravedad y aplicando, si puede, algunas medidas de ánimo para resistir mientras se cruza el desierto. Que nadie se confunda, el ejercicio de la huelga es un derecho constitucional, pero como tal derecho es susceptible de regulación, marcando los límites respecto a otros derechos. Como dice J. A. Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo, los derechos de los demás es el fundamento del orden político y la paz social.
