-   Estas medidas  persiguen que los contratos de la Administración comporten un beneficio social añadido 

-   El Ejecutivo avanza en el cumplimiento de uno de los principales compromisos de la concertación social pactada con la patronal y los sindicatos 

-   Con esta iniciativa, el Principado pretende aumentar la calidad del empleo, facilitar el acceso al mercado laboral de colectivos con especiales dificultades e impulsar el comercio justo y el reciclaje 

-   Destinados 2.760.000 euros a la convocatoria de subvenciones para la ejecución de acciones de orientación profesional que beneficiarán a 11.000 parados 

-   Las organizaciones profesionales agrarias recibirán 212.500 euros para financiar sus gastos de funcionamiento este año  

El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy las instrucciones y la guía práctica que regirán la inclusión de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en la tramitación de contratos del Principado y su sector público. El Ejecutivo autonómico persigue con estas iniciativas que la contratación pública comporte un beneficio social añadido, más allá de la mera prestación de servicios, la ejecución de obras o la adquisición de bienes, tal y como propone el Acuerdo para la Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019. El acuerdo de concertación social destaca la necesidad de avanzar en la búsqueda de la mejor relación entre la calidad y el precio en la contratación pública, lo que implica la inclusión de criterios cualitativos en este procedimiento que valoren aspectos como la innovación y los componentes sociales y medioambientales.

Las instrucciones aprobadas ahora establecen una serie de prescripciones para la incorporación de estos requisitos en las distintas fases de la tramitación de contratos. Por ejemplo, en la fase de preparación, el presupuesto base de licitación deberá reflejar, por géneros y categorías profesionales, los costes salariales estimados según el convenio colectivo del sector, siempre que ese coste forme parte del precio total del contrato.

Además, los pliegos de las cláusulas administrativas particulares tendrán que hacer referencia a la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones retributivas de los empleados, según lo dispuesto en el convenio sectorial de aplicación. Además, si la mesa de contratación identifica ofertas anormales, requerirá al licitador que acredite, mediante la documentación oportuna, el cumplimiento de las condiciones del convenio colectivo vigente. 

Como requisito especial de ejecución de los contratos se exigirá, como mínimo, el cumplimiento de las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, tanto para el contratista principal como para subcontratistas, sin perjuicio de que los empleados puedan beneficiarse de posibles mejoras. 

La Dirección General de Trabajo será la encargada de elaborar y mantener actualizado un listado de los convenios sectoriales de aplicación para cada contrato. El Consejo de Gobierno también ha aprobado la guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en la contratación, una medida que pretende aumentar la calidad del empleo, favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos con especiales dificultades, impulsar la igualdad y promocionar el comercio justo, entre otros fines. Para lograr estos objetivos, el manual determina los pasos a seguir y las cláusulas que deben considerarse en cada caso, que pueden ser de los siguientes tipos: 

-    Cláusulas sociales: favorecen la calidad del empleo, la inserción de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, la economía social, la conciliación, la igualdad de oportunidades y la equiparación salarial.

-    Cláusulas medioambientales: establecen la selección de productos, la prestación de servicios y la ejecución de obras que primen la eficiencia energética, la sostenibilidad, el reciclaje y la reducción de emisiones, entre otras.

-    Cláusulas éticas: pretenden promocionar el comercio justo, la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, etcétera.

La guía ha sido elaborada por un grupo de trabajo constituido el 30 de septiembre de 2016 y dirigido por la Consejería de Empleo, en el que han participado técnicos de diferentes departamentos de la Administración. Además, se han incorporado sugerencias de la Federación Asturiana de Empresarios y de los sindicatos UGT y CCOO. Este manual y las instrucciones permiten al Ejecutivo avanzar en el cumplimiento de uno de los principales compromisos de la concertación social pactada con la patronal y las organizaciones sindicales. 

2,7 millones para orientar a parados en la búsqueda de trabajo 

El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 2.760.000 euros a la convocatoria plurianual (2018-2020) de ayudas para impulsar acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo destinadas a parados, en el marco del programa Opeas. Esta medida, que beneficiará a unos 11.000 desempleados, se dirige a entidades sin ánimo de lucro que realicen actuaciones de orientación profesional y autoempleo, articuladas en itinerarios de inserción ocupacional, con el fin de favorecer el acceso al mercado laboral de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). 

El presupuesto de la convocatoria se distribuye del siguiente modo: 974.000 euros este año, 1.339.500 euros en 2019 y 446.500 en 2020. El programa Opeas, de ayudas para financiar acciones de orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo, se realiza desde hace varios años y se financia a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. La experiencia en el desarrollo de esta iniciativa  aconseja una convocatoria plurianual.

Esta es la fórmula por la que ha optado en esta ocasión, como novedad, el Principado, con un período de ejecución de un trienio. Los itinerarios de inserción laboral, que complementan las tareas desarrolladas en las oficinas de empleo, requieren de mayor continuidad, circunstancia a la que no ayudan los proyectos de más corta duración. 

La última convocatoria del programa (2017-2018) finaliza este mes, por lo que aún no se puede concretar el número de beneficiarios. Por su parte, la correspondiente al bienio 2016-2017 permitió atender a 14.000 desempleados. 

Subvenciones a tres entidades profesionales agrarias 

El Ejecutivo autonómico ha autorizado la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias, por un importe global de 212.500 euros, para sufragar parcialmente sus gastos de funcionamiento durante este año. Los fondos se distribuirán del siguiente modo: 

-    Unión de Campesinos Asturianos (UCA): 76.500 euros.

-    Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asturias (Asaja): 68.000 euros.

-    Coag-Asturias: 68.000 euros. 

El apoyo económico a estas entidades contribuye a la defensa de los intereses profesionales del ámbito agrario. Estas organizaciones mantienen un diálogo permanente con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales y participan en diferentes órganos consultivos, lo que ayuda al Principado a conocer en profundidad la situación del sector y orientar adecuadamente las políticas agrarias. 

17.900 euros en ayudas para 12 personas que retornan a Asturias 

El Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas por un importe de 17.900 euros para 12 personas que han retornado al Principado en los últimos meses, cinco de ellas nacidas en Asturias y otras siete descendientes de emigrantes. Ocho regresan desde Venezuela, dos de México, una de Francia y otra de Panamá. Estas subvenciones se otorgan por razones de interés social y humanitario a quienes deciden ubicar su residencia en la comunidad y se encuentran en situación de precariedad económica, laboral y social.

Desde principios de año, se han autorizado ayudas para 21 personas por una cuantía global de 33.100 euros. El año pasado se concedieron cerca de 100.000 euros a 57 beneficiarios, de los que el 63% procedía de Venezuela. Esta tendencia aumenta este ejercicio, dado que de las 21 personas retornadas en 2018, 16 llegan desde ese país, lo que supone el 76,2%. 

50.000 euros para el programa Asturias, compromiso solidario 

El Principado ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC), dotado con 50.000 euros, para dar continuidad al Programa Asturias, compromiso solidario, que se desarrolla desde hace seis años en colaboración con los municipios.  El proyecto es uno de los más significativos en materia de sensibilización y educación para el desarrollo, porque fomenta la participación de la sociedad y difunde valores para la construcción de un mundo más justo igualitario. 

Desde su puesta en marcha, ha permitido a los concejos organizar jornadas, encuentros, campañas y otras actividades relacionadas con las personas refugiadas y las políticas de asilo, los derechos humanos, el comercio justo y la situación de la infancia y la juventud en países en desarrollo. El año pasado se realizaron más de 80 acciones en 40 municipios y mancomunidades como foros, conferencias, exposiciones y actos informativos y de sensibilización, relacionados principalmente con la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y la promoción de los derechos individuales y colectivos. 

La nueva edición del programa contempla la realización de acciones vinculadas a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con especial atención al papel de los gobiernos locales en la consecución de una sociedad más sostenible y a la situación de los derechos humanos y de la mujer como motor de cambio.