UCM // Armando Fernández Steinko

La literatura, el cine y la prensa rosa retroalimentan por razones comerciales este imaginario de tal forma que se acaban elaborando leyes penales guiadas más por objetivos políticos coyunturales que por un análisis riguroso de la naturaleza de los nuevos peligros. La línea argumental es aproximadamente la siguiente: la globalización facilita la formación de organizaciones delictivas de nuevo tipo con capacidad de generar grandes beneficios económicos y una extraordinaria movilidad debida al uso de las nuevas tecnologías y a la liberalización del tráfico de personas, mercancías y capitales.

El auténtico poder de los criminales organizados radica no sólo en su capacidad de acumular grandes cantidades de dinero ilegal procedente del narcotráfico sino también de borrar la procedencia de dicho dinero, de blanquear sus extraordinarias fortunas.

Todo ese dinero obtenido de forma ilícita, que busca dotarse de una apariencia lícita y que algunos estudios apresurados estimaron en una horquilla entre 500.000 y un billón de dólares anuales, tiene una capacidad potencial de infiltrar el sistema financiero internacional, de desestabilizar monedas o incluso de asaltar los consejos de administración de las grandes empresas y, por extensión, de infiltrar a los propios gobiernos.

Para combatir estas tendencias se han puesto en marcha sofisticados y costosos sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales en la mayoría de los países occidentales. Pero ¿qué es y qué dimensiones tienen realmente ambos fenómenos concretamente en España que es tenida por una “lavadora del dinero ilegal de todo el mundo”?; ¿quiénes son los blanqueadores?; ¿cuánto dinero lavan?; ¿cómo lo hacen?; ¿con qué finalidad?; ¿por qué regiones extienden sus tentáculos?; ¿cuáles son los delitos que generan el grueso del dinero negro?

Para contestar a estas preguntas se creó un grupo de investigación interdisciplinario UCM formado por dos sociólogos (Juan Díaz Nicolás y Armando Fernández Steinko), un analista financiero (Miguel Ángel Villacorta) y una penalista (Araceli Manjón-Cabezas) y dirigido por el profesor Armando Fernández Steinko.

Estudiar el mundo de la ilegalidad

La primera sorpresa que se llevaron sus miembros después de recorrerse varios centros de investigación y universidades europeas y americanas, es que apenas existen trabajos que reúnan los requisitos mínimos de cualquier investigación científica. Los escasos trabajos de calidad son estudios puntuales realizados mayormente en universidades europeas.

Prácticamente ninguno de ellos confirma las hipótesis sobre las que se han construido las sofisticadas leyes contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales: las cantidades blanqueables que mueve la droga son mucho menos importantes, los empresarios de la cocaína son más arribistas atraídos por los buenos coches, los burdeles y los chalets de pésimo gusto que por el deseo de subvertir el orden socioeconómico, las “organizaciones ilegales” con construcciones poco estables en las que nadie se fía de nadie.

En realidad no es casualidad que apenas existan trabajos empíricos sobre el mundo de las finanzas ilegales. El mundo sumergido no es una especie de doble oscuro del mundo de la legalidad. Para empezar no hay un órgano sancionador que obligue a cumplir los acuerdos entre delincuentes con lo cual las traiciones, los recelos y la opacidad están a la orden del día. Y en segundo lugar porque la ilegalidad tiene que todo el peso de la ley en su contra.

Organizaciones criminales, ¿existen las multinacionales del crimen?

Ambos hechos obligan a actuar de forma radicalmente distinta, bien sea utilizando sistemas poco “modernos” destinados a evitar incumplimientos (por ejemplo sustituyendo las relaciones formales y comerciales por relaciones de parentesco y fidelidad o utilizando parejas sentimentales), bien sea recurriendo a la violencia, un caso que los delincuentes intentan evitar a toda costa pues atrae inmediatamente la atención de la policía.

Por tanto las redes criminales no pueden funcionar como las empresas, los ejércitos o los ministerios, es difícil que se creen “multinacionales del crimen” como las que salen en las películas y en algunos discursos oficiales. Cuando las organizaciones ilegales crecen se hacen visibles y son rápidamente interceptadas por la policía.

El problema es: ¿cómo estudiar las llamadas organizaciones criminales con un mínimo de rigor sin poner en peligro la propia integridad física y sin aspirar a ser Lisbeth Salander? ¿Con qué fuentes trabajar cuando los archivos policiales en España son más herméticos que una tumba, cuando las estadísticas de delitos son de muy mala calidad y el peso de la doctrina oficial sobre la naturaleza de la criminalidad organizada y del blanqueo de capitales es abrumador?

La solución, como la felicidad, a la vuelta de la esquina

El objetivo del equipo de investigación parecía condenado al fracaso por ausencia de suelo firme sobre el que construir una investigación con garantías. Pero sucedió lo que sucede muchas veces: que la solución, como la felicidad, se encontraba a la vuelta de la esquina sin que nadie hubiera reparado en ello. La solución eran los “hechos probados” de las sentencias por blanqueo de capitales.

En un Estado de derecho el poder ejecutivo, es decir la fiscalía y las fuerzas operativas no pueden ser la única fuente de luz vertida sobre una cosa tan oscura y escurridiza como el mundo de la ilegalidad. Esta sólo puede nacer de una contrastación pública y abierta de pruebas y argumentos entre las partes, entre los abogados defensores y los fiscales bajo el arbitrio atento de un juez. Esto es exactamente lo que sucede en un juicio y por eso son tan importantes los “hechos probados” para una investigación como la que aquí nos ocupa.

Sólo una fracción muy pequeña del dinero incriminado por blanqueo ha sido generado fuera de España y acude a nuestro país buscando refugio: España simplemente no es una “lavadora internacional del dinero del narcotráfico” aún cuando sea un gran centro de consumo y tránsito de drogas ilegales, su economía no depende ni de lejos del narcotráfico con la excepción de algunas zonas situadas en su periferia (zonas de las provincias de Pontevedra y de Cádiz).

Luz en el camino oscuro

Otro hallazgo de esta investigación: el grueso de los blanqueadores españoles son de baja extracción social, tienen muy pocos recursos y ni pueden ni quieren representar un peligro para la estabilidad del sistema socioeconómico. Cuando “infiltran” el sistema empresarial lo que hacen realmente es crear empresas ficticias para poner cuentas corrientes a su nombre así como pisos y coches adquiridos con dinero ilegal.

La mayoría de los empresarios legales condenados por blanqueo no son conspiradores profesionales contra el orden socioeconómicos producto de la globalización económica sino pequeños empresarios con serios problemas en sus empresas que se embarcan de forma esporádica en el siempre peligroso negocio del blanqueo.

Hay muy pocos casos en los que se puede hablar de “grupos organizados” con un funcionamiento análogo al que rige en las organizaciones legales. Más bien se confirma una hipótesis de Peter Reuter, un ilustre criminólogo norteamericano cuyos trabajos no fueron tenidos en cuenta en su día a la hora de desarrollar las leyes de lucha contra las nuevas formas de criminalidad organizada: el principal recurso del llamado crimen organizado no está en su organización sino en su des-organización. Cuando se “organiza” se hace visible y es rápidamente interceptado. La mayoría de los casos de blanqueo en España obedecen a este patrón: gente que se junta de forma espontánea y efímera para hacer un gran negocio en poco tiempo y disolverse poco tiempo después.

Los delitos que deberían preocuparnos

Pero el hallazgo más relevante para la sociedad es el siguiente. La fiscalía y la policía llevan más de quince años focalizando sus esfuerzos en la persecución del dinero negro procedente del narcotráfico. La teoría del crimen organizado así parecía aconsejarlo. Sin embargo los casos verdaderamente peligrosos de blanqueo de capitales, los que cumplen los requisitos de profesionalidad, organización, capacidad de infiltrar el poder económico y del poder político no son producto del narcotráfico.Tampoco hay indicios de que el terrorismo se financie con dinero de origen ilegal, otra de las hipótesis no verificadas que varios gobiernos –no el español- empezaron a difundir bajo el síndrome de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York.

Los delitos que realmente deberían inquietar a la opinión pública son aquellos que empiezan a ser perseguidos de forma consecuente sólo en los últimos años: la corrupción urbanística, los delitos contra la Seguridad Social, la gran evasión fiscal o la prevaricación. Sólo tres de estos casos –los casos Correa, Malaya 1 (Muñoz-Pantoja), Malaya 2 (Roca)- han generado más activos incriminados (455 millones de €) que todo el narcotráfico junto a lo largo de más de quince años además de pervertir el sistema político y de destrozar municipios y paisajes.

El destino del dinero ilegal procedente de estos delitos sí que representa un peligro para el orden socioeconómico y político: la financiación ilegal de partidos, el cohecho, la creación una infraestructura institucional para delinquir. Estos son los delitos que verdaderamente deberían preocupar a la opinión pública pues muchos de sus actores forman parte del gran poder económico y político del país.

La crisis financiera de 2008 ha demostrado como falso otro de los argumentos que circularon por la criminología occidental hasta hace bien poco: los actores con capacidad de desestabilizar el orden socioeconómico no son los narcotraficantes sino los especuladores financieros cuyas conductas aún no han sido tipificadas como delito, un campo complejo y vital que la criminología y el derecho penal tienen aún por explorar.