- Las inspecciones programadas para 2018 se elevan a 200, un 43% más que el ejercicio pasado
- El Ejecutivo aprueba el Fondo de Cooperación Municipal, que distribuirá 6,1 millones entre los 73 concejos con menos de 40.000 habitantes
- Destinadas 600.000 euros en ayudas a cooperativas y sociedades laborales para favorecer la incorporación de socios
- El Principado renueva su convenio con la Cruz Roja para ceder diez plazas de la Residencia Juvenil Ramón Menéndez Pidal para la acogida temporal y urgente de personas solicitantes de asilo
El Gobierno de Asturias reforzará su política ambiental con dos iniciativas: un decreto de Protección y Control y un nuevo Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, que incrementará el alcance y la ambición del anterior, vigente desde 2014 hasta 2017. Fernando Lastra, titular de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, dio cuenta esta mañana de ambas propuestas al Consejo de Gobierno. Por otra parte, el Ejecutivo aprobó el Fondo de Cooperación Municipal, que distribuirá 6,1 millones entre los 73 concejos con menos de 40.000 habitantes.
Lastra informó sobre los principales aspectos del decreto y del plan de inspección. El decreto de Protección y Control Ambiental saldrá publicado este sábado en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) para ser sometido a información pública. Su ámbito de aplicación comprende desde los grandes complejos industriales hasta los pequeños talleres y concreta las obligaciones de las empresas en materia de control ambiental, con especial atención a la eficacia en la respuesta ante condiciones anómalas de funcionamiento que puedan dar lugar a incidentes ambientales.
El decreto también habilita a la Administración para desarrollar instrucciones técnicas y modelos que permitan unificar y aumentar la calidad de los numerosos informes que deben presentar las empresas. Aparte, crea la figura del Organismo de Control Ambiental.
El Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, que hoy publica el Bopa, sustituirá al vigente desde 2014 hasta 2017. La legislación obliga a contar con un plan autonómico, pero sólo para las grandes instalaciones industriales que operan bajo una autorización ambiental integrada (unas 80). Sin embargo, el Principado aprobará uno que cubrirá todas las actividades que cuenten con instalaciones potencialmente contaminantes.
Cada año se aprobará un programa que concretará tanto el número de inspecciones ambientales como los criterios de selección de instalaciones, bien en función de una evaluación de riesgos específica o bien en el marco de campañas con objetivos concretos. Hay inspecciones programadas e inspecciones no programadas, debidas principalmente a denuncias e incidentes medioambientales. Para 2018 están previstas 200 inspecciones programadas frente a las 140 realizadas el año pasado, lo que supone un incremento del 42,8%. Además, y por la experiencia de ejercicios anteriores, se calcula que se llevarán a cabo otras 400 no programadas.
Medio Ambiente tramitó el año pasado 1.025 expedientes de control ambiental, lo que supone un crecimiento de un 34% respecto a 2016. Los residuos fueron la principal causa de apertura de expediente (un 46%), seguidas de las afecciones a la atmósfera (37%). Gijón, Oviedo y Avilés, los tres mayores concejos, aglutinan el 40% de las actuaciones de control.
El control ambiental de determinadas actividades es una de las prioridades de la acción del Gobierno. El fin es mejorar la protección ambiental y, con ella, la salud de las personas. A estas iniciativas hay que sumar la revisión de los planes de calidad del aire de Gijón y Avilés. Próximamente también será aprobado el Protocolo para Situaciones Anómalas, previsto para aquellos casos en los que la estabilidad atmosférica impida la dispersión de partículas y se den casos de polución.
Fondo de Cooperación Municipal
El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el reparto del Fondo de Cooperación Municipal (FCM) para este año, que volverá a contar con un importe de 6.180.000 euros como consecuencia de la prórroga presupuestaria, frente a los 6,8 millones previstos en el proyecto de presupuestos de 2018. El FCM se distribuye entre los 73 concejos asturianos con menos de 40.000 habitantes. Este es el tercer año, desde que en 2016 entró en vigor la nueva ley que regula el fondo, que los concejos pueden destinar la partida que reciben al fin que deseen, ya sea inversión o gasto corriente. El FCM se ha convertido en una herramienta muy útil, especialmente para los concejos más pequeños, con menor capacidad financiera e inversora.
El fondo se distribuye a partir de una cantidad fija, que supone el 40% del total - 2.472.000 euros - y que se entrega a partes iguales a los 73 municipios. Cada uno de ellos recibe 33.863 euros. El resto se reparte atendiendo una serie de variables socioeconómicas y geográficas: Población: bajo esta premisa se reparte el 30% del fondo, lo que supone 1.854.000 euros. Aquí se tiene especial atención con los concejos menores de 2.500 habitantes. La asignación no puede sobrepasar el 25% de la partida fija.
Envejecimiento: en este caso y sobre la base de esta variable se asigna un 5% del fondo (309.000 euros), y se utiliza el índice de envejecimiento que elabora Sadei.
Superficie: con esta premisa se reparte un 3% (185.400 euros), y se hace de manera proporcional a la superficie de cada concejo beneficiario.
Orografía: de esta variable depende otro 3%. Se calcula utilizando, también de forma proporcional, los kilómetros cuadrados de cada municipio cuya pendiente sea superior al 20%.
Dispersión territorial: en lo que se refiere al 19% restante (1.174.200 euros), se utiliza un reparto proporcional teniendo en cuenta la dispersión de la población, para lo que se toma como referencia el número de núcleos que tengan, al menos, cinco habitantes.
En cuanto al reparto por concejos, la distribución es la siguiente:
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 2018
Allande 93.730,94
Navia 93.736,01
Aller 120.241,85
Noreña 77.149,00
Amieva 60.682,91
Onís 53.499,30
Belmonte de Miranda 85.071,22
Parres 96.488,25
Bimenes 79.711,50
Peñamellera Alta 51.526,05
Boal 76.085,44
Peñamellera Baja 60.114,95
Cabrales 75.075,51
Pesoz 47.610,38
Cabranes 60.097,80
Piloña 126.829,32
Candamo 75.384,17
Ponga 61.480,70
Cangas del Narcea 181.890,15
Pravia 100.112,60
Cangas de Onís 102.841,94
Proaza 56.987,15
Caravia 46.579,97
Quirós 74.122,67
Carreño 118.127,10
Las Regueras 72.470,40
Caso 80.661,45
Ribadedeva 60.556,90
Castrillón 95.347,20
Ribadesella 90.513,10
Castropol 103.625,73
Ribera de Arriba 63.939,61
Coaña 84.111,83
Riosa 71.215,23
Colunga 82.129,22
Salas 124.385,27
Corvera de Asturias 101.665,22
San Martín del Rey Aurelio 126.631,10
Cudillero 96.697,30
San Martín de Oscos 53.241,14
Degaña 52.763,20
Santa Eulalia de Oscos 50.599,42
El Franco 85.013,76
San Tirso de Abres 50.323,27
Gozón 95.767,90
Santo Adriano 44.208,82
Grado 125.041,30
Sariego 57.147,80
Grandas de Salime 61.391,46
Sobrescobio 53.114,37
Ibias 86.444,20
Somiedo 77.444,70
Illano 60.771,60
Soto del Barco 82.026,45
Illas 54.733,54
Tapia de Casariego 81.955,86
Laviana 108.204,00
Taramundi 60.497,60
Lena 116.679,45
Teverga 78.519,00
Valdés 133.623,53
Tineo 168.755,20
Llanera 99.711,90
Vegadeo 83.440,50
Llanes 105.969,40
Villanueva de Oscos 49.244,11
Mieres 163.074,77
Villaviciosa 152.903,76
Morcín 81.464,96
Villayón 72.215,52
Muros de Nalón 61.008,27
Yernes y Tameza 48.098,90
Nava 95.473,90
TOTAL: 6.180.000,00 euros
Apoyo a la economía social
El Ejecutivo destinará 600.000 euros para la financiación de ayudas a cooperativas y sociedades laborales para favorecer la incorporación de socios. De esta manera, el Principado mantiene su compromiso de apoyar e impulsar la economía social en la región. Esta convocatoria fomenta el empleo mediante la incorporación, con carácter indefinido, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, de personas desempleadas o que tengan un contrato de trabajo temporal en la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se integran como socios.
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, ampliable hasta los 700.000 euros. La ayuda consiste en 5.500 euros por cada persona que se incorpore como socio. No obstante, si se trata de una mujer, la cuantía asciende a 7.000 euros, cantidad que se incrementa en 625 euros más por cada hijo o hija menor de tres años. Asimismo, en el caso de personas desempleadas con discapacidad, la cuantía se eleva a 10.000 euros, y para los desempleados en situación de exclusión social, a 8.000, siempre que, en ambos casos, la incorporación sea a jornada completa.
La convocatoria puede financiar la incorporación de más de un centenar de socios y socias a entidades de economía social. En el año 2017, se concedieron 521.825 euros correspondientes a 35 solicitudes, que supusieron la incorporación de un total de 83 socios y socias.
Acogida de refugiados
El Principado renovará el convenio de colaboración con Cruz Roja Española para poner a disposición de la oenegé diez plazas de la Residencia Juvenil Ramón Menéndez Pidal para la acogida temporal y urgente de personas solicitantes de asilo procedentes de cualquier país del mundo. El convenio, suscrito por vez primera en 2016 y que ahora se renueva por tercera vez, garantiza que el albergue juvenil de Oviedo disponga siempre de plazas para garantizar alojamiento y manutención a personas que carezcan de recursos económicos hasta que encuentren un recurso habitacional permanente.
Desde julio de 2016, el Gobierno asturiano ha cedido otras 103 plazas de acogida en pisos de protección pública y apartamentos de titularidad del Principado, por los que han pasado cerca de 300 personas.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con las políticas de cooperación al desarrollo, en las que la acción humanitaria en campos de refugiados y con población desplazada constituye una de sus prioridades. Desde 2012, se han destinado 750.000 euros a programas de ayuda relacionados con la población siria refugiada. Sólo en 2017 se financiaron con otros 880.000 euros diversos programas de apoyo a refugiados, lo que representa cerca del 22% del total de fondos ejecutados por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
En aplicación del Protocolo de Coordinación y Actuación para la Acogida de Personas Refugiadas aprobado hace dos años, han sido recibidas en el Principado un total de 89 personas de Eritrea, Irak, Siria y República Centroafricana que permanecían refugiadas en Grecia e Italia, o que por su situación de especial vulnerabilidad han sido trasladadas directamente desde países de origen como Líbano y Siria. Las últimas llegadas se produjeron el 13 de febrero y correspondieron a siete personas de nacionalidad eritrea, cuarto hombres y tres mujeres.