Asturias es la cuarta comunidad en porcentaje de inversión por habitante para la asistencia jurídica gratuita, a la que ha destinado 34,1 millones desde 2012    

El Gobierno de Asturias pondrá en marcha un nuevo turno de oficio para la orientación jurídica, la defensa y la asistencia letrada inmediata a víctimas de trata de seres humanos y terrorismo, menores de edad y personas con discapacidad sometidas a maltrato. También mejorará la retribución que perciben los abogados por el asesoramiento a mujeres que sufren violencia de género, que pasará a equiparse al servicio de guardia por asistencia a detenidos o presos.  

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy estas medidas en la primera reunión de la comisión mixta de justicia gratuita, constituida para adecuar este servicio al nuevo contexto social y económico. El objetivo principal de este órgano de asesoramiento y coordinación será el análisis y la propuesta de acciones de mejora, entre las que destaca la actualización del desarrollo reglamentario en este ámbito. Con este propósito, la Dirección General de Justicia ha elaborado ya un primer borrador en el que se plantea la creación del nuevo turno de oficio citado y la mejora económica del baremo por la atención a mujeres víctimas de violencia de género. El texto recoge, además, la ampliación de los supuestos retributivos para los procuradores.  

Martínez ha explicado que la actualización de los baremos se realizará en los mismos términos que en la actualidad; es decir, en función del porcentaje de incremento de las retribuciones del personal funcionario de la Administración autonómica, con la particularidad de que desde ahora será posible recoger las cuantías actualizadas mediante resolución.  

El titular de Presidencia ha resaltado la colaboración que el Gobierno de Asturias ha mantenido siempre con los colegios profesionales de abogados y procuradores “para consolidar un sistema de justicia ágil, rápido y eficaz”.  

Asturias es la cuarta comunidad autónoma y la primera de las uniprovinciales en porcentaje de inversión por habitante en asistencia jurídica gratuita, después de Cataluña, Canarias y País Vasco. La puesta en marcha de la comisión mixta, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de diciembre, es uno de los compromisos de la legislatura para este servicio prioritario, al que desde 2012 se han destinado 34,1 millones de euros.