La dificultad para gestionar los montes de uso colectivo, que son los Vecinales en Mano Común y Proindivisos, es uno de los principales factores limitantes para su aprovechamiento con garantías por parte de la población de la zona.  

Las administraciones, que son quienes deberían ofrecer soluciones, señala Podemos en un comunicado emitido hoy, "están demostrándose incapaces en muchos casos de realizar los trámites burocráticos que se requieren, llegando incluso a obstaculizar y a remar en el sentido contrario".  

En el caso de los Proindivisos o Montes de Socios, sus múltiples propietarios están a la espera de que la Dirección General de Montes dé de paso los expedientes para la constitución de Juntas Gestoras, que son los instrumentos jurídicos que les permitirían comenzar a gestionar este tipo de propiedades colectivas.  

En el caso de los Vecinales en Mano Común, lo prioritario es que el Jurado de Montes los reconozca como tal, cediendo la titularidad y derecho a uso a las comunidades rurales constituidas como Juntas Comunales. Se trata de montes en los que se puede acreditar su uso histórico y aprovechamiento directo y en igualdad de condiciones por las personas vecinas de la población en la que se encuentra.  

Dado que en muchos casos este tipo de montes, ambos, aprovechando su dudosa titularidad fueron inscritos ilegítimamente en los inventarios públicos, ahora están clasificados como montes públicos (MUP) municipales o autonómicos. Y como las administraciones los explotan económicamente o cobran cánones de aprovechamiento por su uso, vemos como se obstaculiza su reconocimiento y devolución a manos vecinales, llegando al punto de entrar en conflictos judiciales con la población.  

El resultado es que se está impidiendo a las comunidades rurales el derecho a gestionar sus propias tierras. De esta manera, la riqueza en recursos de nuestros pueblos permanece en muchos casos desaprovechada e inutilizada debido a la inseguridad jurídica que resulta de este desorden burocrático, dando lugar al deterioro y abandono de medio rural.  

Creemos que la administración debe tener un papel facilitador a la hora de reconocer estos derechos sobre el territorio a quienes viven en él. Para ello, la ley prevé procesos de acreditación de la propiedad e instrumentos de gestión directa para las comunidades rurales que la administración debería fomentar de oficio: Juntas Gestoras para los proindivisos, Juntas Comunales para los MVMC.  

En Podemos Asturies consideran que la gestión del monte pasa por ordenar el uso y la propiedad, y que por tanto la Consejería debería volcar sus esfuerzos en los procedimientos descritos, permitiendo a la población corresponsabilizarse de la gestión y a su vez aprovechar el potencial y la riqueza del monte para crear tejido económico que ayude a la recuperación social y la conservación del patrimonio ambiental de nuestro medio rural. "Preguntaremos por todo ello a la Consejera de Desarrollo Rural y al Director General de Montes en las comisiones de las próximas semanas."