Las Comunidades de Aragón, Principado de Asturias, Galicia y Castilla y León representan a 7,5 millones de habitantes y el 36% del territorio nacional. Comparten intereses comunes, fruto de sus características socioeconómicas, de su relación de vecindad y de vínculos históricos que les ha permitido desarrollar fórmulas de colaboración de vecindad entre ellas, así como de otras de colaboración horizontal en el marco de la política de cooperación y de cohesión del Estado Autonómico. Pero también problemáticas comunes como la despoblación o la dispersión de sus respectivos territorios, así como por una financiación injusta. Además, tres de ellas también comparten inquietudes por el futuro de las centrales térmicas del carbón en sus territorios. Por ello, sus presidentes se han reunido en la ciudad de León para firmar dos declaraciones que plasmen estas realidades y sus propuestas.
Las cuatro comunidades autónomas han exigido al Gobierno central que afronte este mismo año el nuevo modelo de financiación autonómica porque es “prioritario y urgente”, máxime teniendo en cuenta la proximidad de fechas electorales. El objeto del modelo es garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. Para ello, el nuevo modelo debe partir de las necesidades reales y el coste efectivo de los servicios allá donde se prestan y que debe tener en cuenta variables como la orografía, la baja densidad demográfica, el envejecimiento de la población y otros muchos. La evaluación de los costes efectivos debe hacerse, fundamentalmente sobre la Educación, los servicios sociales y la Sanidad. Este último supone más del 40% del gasto y contempla diferentes grupos de edad, como los mayores de 65 años que es más numeroso en algunos territorios. Valga como ejemplo que en Aragón, según los cálculos del SALUD, el envejecimiento de la población aragonesa supone un sobrecoste del 10,23% en el gasto farmacéutico por persona en relación con el nacional. El envejecimiento de la población en Aragón es más acusado que en otras comunidades. Así, si las personas con 65 años o más en España son el 18,6% de la población, en Aragón suponen el 21%. Y el colectivo de mayores de 65 años acapara el 66% del gasto farmacéutico cuando solo supone el 21% de la población.
En este capítulo, se evaluará de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia.
Por todo ello, también han reclamado al Gobierno central la presentación de los trabajos de la I “Estrategia Nacional frente al reto demográfico”, cuya elaboración y desarrollo por parte del Gobierno de España fue otro de los Acuerdos de la última reunión de la Conferencia de Presidentes.
Precisamente, las cuatro comunidades han incluido como una de las soluciones para frenar los procesos de despoblación el impulso de una Estrategia de Cooperación Territorial contra la Brecha Digital que abarque las medidas que permitan alcanzar los objetivos europeos de banda ancha ultrarrápida en las cuatro Comunidades (cobertura de más de 30Mbps para el 100% de la población, con horizonte al año 2020 y el 50% de hogares contratados de más de 100Mbps. Ello contribuiría al sostenimiento de población en numerosos municipios de la “España Vacía”.
En este marco, transmiten al Gobierno de España la necesidad perentoria de defender como prioritaria la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, cuestión que debe abordarse de forma inmediata para, de este modo, poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las Comunidades Autónomas.
Igualmente, lo instan a continuar y avanzar en sus trabajos en una propuesta de modelo que debe ser objeto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las particularidades, necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas.
Desde la invocación del principio de lealtad institucional y de solidaridad territorial, las cuatro comunidades reunidas plantean un debate no partidista, sino efectivo y relista de los problemas, contemplados como cuestiones de Estado. A juicio del presidente aragonés, Javier Lambán, las comunidades autónomas deben estar bien financiadas para garantizar el estado de bienestar, por lo que ha sentenciado que provocar una marcha a dos velocidades en España “ni se atiene al espíritu constitucional ni a los elementales principios de justicia y equilibrio”.
PACTO POR LA ENERGÍA DEL CARBÓN
Los presidentes de Aragón, Asturias y Castilla y León han suscrito en León un documento para reclamar un pacto de Estado a favor de la energía del carbón. Lambán ha asegurado que los tres dirigentes están en contra del cierre de las centrales térmicas situadas en sus Comunidades Autónomas porque la presencia del carbón en el mix energético “facilita energía a costes razonables” tanto para la industria como para los ciudadanos.
Han hecho hincapié en que no desdeñan la transición energética hacia un economía sostenible y de energías renovables, si bien reclaman que esta transición debe ser seria y ordenada y no sujeta a los intereses de las empresas privadas. En este sentido, han exigido las inversiones necesarias por parte de las empresas de las térmicas del carbón que tienen de plazo hasta 2030 y han defendido el papel de Estado como organismo regulador, el que debe tener la última palabra, por lo que han ofrecido su total apoyo al Ministerio de Energía en esta misión, con el fin de abaratar costes para los ciudadanos y favorecer una industria más competitiva.
