El presidente del Principado se reúne mañana con los jefes de gobierno de Aragón, Galicia y Castilla y León. Las cuatro comunidades apremian al Ejecutivo central a presentar la estrategia estatal contra el envejecimiento y la pérdida de población. Asturias alerta sobre las graves consecuencias que conllevaría el cierre de las centrales térmicas y reclama medidas que permitan sobrevivir a las explotaciones mineras

Javier Fernández, presidente del Principado, se reunirá mañana con sus homólogos de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Aragón, Javier Lambán, para acordar criterios sobre la transición energética, el futuro de la minería, la financiación autonómica y la caída de población. “Es bueno que los gobiernos autonómicos hablemos para defender un país industrialmente fuerte, solidario en su financiación y capaz de hacer frente al declive demográfico”, ha asegurado Javier Fernández.

El encuentro servirá, entre otros objetivos, para expresar el rechazo conjunto al cierre de las centrales térmicas y reclamar una transición energética responsable. Este planteamiento será trasladado tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea. El Ejecutivo del Principado recuerda que 2018 es clave para definir el modelo de transición energética y pelear por la supervivencia de las explotaciones mineras, dos asuntos sobre los que siempre ha mantenido una posición nítida y firme.

Aun considerando la lucha contra el cambio climático un objetivo irrenunciable, el Gobierno de Asturias rechaza una transición precipitada que conlleve el cierre innecesario de centrales térmicas, provoque la pérdida de empleos directos e indirectos y disminuya la actividad del puerto de El Musel, que tiene en el tráfico de graneles una de sus principales tareas. La clausura de las centrales implicaría, además, un aumento del precio de la electricidad, lo que restaría competitividad a la industria española. En especial, a las empresas que más energía consumen (electrointensivas).

Este ejercicio será también decisivo para la minería. Según la Decisión 787, aprobada en 2010 por el Consejo Europeo, el 31 de diciembre deberán estar cerradas todas las explotaciones deficitarias. A esto se añade que Bruselas impone otra condición que dificulta la supervivencia del sector: las empresas rentables están obligadas a devolver las ayudas que hayan recibido. Los gobiernos de Asturias, Aragón y Castilla y León solicitan más flexibilidad a las autoridades comunitarias para el reintegro de estos fondos.

La cumbre de presidentes también abordará el declive demográfico y la financiación autonómica. Las cuatro comunidades han colaborado en los trabajos preparatorios para promover un nuevo modelo que se base en el respeto a la Constitución, sobre todo en lo que se refiere a la igualdad entre todos los españoles.

Los cuatro gobiernos reclaman al Gobierno central que agilice las negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta las necesidades de todas las comunidades. Este acuerdo deberá garantizar, entre otros principios, la prestación de niveles similares de servicios públicos en todos los territorios, con independencia de su capacidad fiscal. Para ello, los Ejecutivos de Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León piden que se tomen en cuenta factores como el envejecimiento de la población y la orografía, entre otros.

El presidente del Principado ha recordado que estas mismas comunidades ya alertaron del declive de la población en el I Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico celebrado en 2013 en Oviedo, cuando advirtieron de que este problema “no es específico de nuestras comunidades, sino que afecta también al resto de España y a muchas regiones europeas, por lo que es un problema de Estado”. El trabajo conjunto de estos territorios consiguió que “el Gobierno central se comprometiera a redactar una estrategia nacional, que apremiamos a que se presente cuanto antes”, ha añadido.

El encuentro de presidentes de mañana da continuidad a los celebrados esta legislatura entre Asturias y las regiones vecinas con el fin de defender criterios comunes en asuntos de especial relevancia.