"Desde la MERP vamos a dar un paso adelante. Hemos recogido ya más de 800.000 firmas exigiendo el blindaje constitucional de las pensiones públicas. Queremos llegar hasta los dos millones. Nunca antes ninguna iniciativa política o social lo ha hecho".  

En 30 localidades españolas, mesas de la MERP recogen firmas para blindar las pensiones en la Constitución. "Lo hacemos hoy, y lo vamos a seguir haciendo hasta superar los dos millones de firmas.   En las próximas semanas seguiremos saliendo a la calle y dirigiéndonos a los ayuntamientos y los parlamentos para recabar el apoyo de la mayoría. Saludamos todas las iniciativas y convocatorias que desde la sociedad civil se están lanzando para defender las pensiones públicas, y próximamente anunciaremos una importante movilización a la que llamaremos a participar a quienes piensan que las pensiones son una línea roja que no debemos permitir que se cruce y por eso hay que blindarlas en la Constitución".  

No nos dirigimos solo a los pensionistas. Las pensiones afectan a toda la sociedad. Y quienes están más amenazados son los futuros pensionistas, los trabajadores de 40 ó 50 años, o los jóvenes que ahora se incorporan al mercado laboral.   Pero desde la MERP tenemos clara una cosa: la única manera de defender las pensiones públicas frente a los ataques que reciben es blindarlas en la Constitución. Que en nuestra Carta Magna, que obliga a todos los gobiernos, sean del signo que sean, se recoja explícitamente la prohibición de privatizar las pensiones y de medidas que reduzcan el poder adquisitivo de los pensionistas.  

Esto es lo que nos une a las 250 organizaciones de todo tipo, políticas, sindicaltes, sociales, culturales, deportivas... y con una amplia pluralidad de ideologías, credos religiosos y orientación política, que formamos la MERP.   Todos tenemos claro por qué estamos aquí. Somos muchas organizaciones, muchas personas, que pensamos diferente sobre múltiples cuestiones pero que estamos unidas en torno a un único punto: hay que blindar las pensiones públicas en la Constitución.  

La MERP se fundó sobre este punto, aparentemente excesivamente modesto y humilde, pero que nos da una enorme fuerza.   Los hechos, desgraciadamente, han confirmado lo justo que es el planteamiento de la MERP.   Y es ‘desgraciadamente’ porque hoy estamos viviendo una nueva ofensiva contra las pensiones públicas.   Todos hemos oído a Celia Villalobos alentar a los jóvenes a empeñar sus pocos ahorros en un plan privado de pensiones. No es cualquiera. Estamos hablando de quien preside la comisión del Pacto de Toledo que debe decidir sobre el futuro de las pensiones.   También recordamos las palabras del director de la OCDE afirmando que “las pensiones en España son demasiado generosas”.  

Y se ha añadido la comisaria de Asuntos Sociales de la UE declarando que “ los jóvenes deberán pagar más para sostener las pensiones y tendrán prestaciones más bajas en relación a su salario".   Todos los estudios confirman que la "subida" anual del 0,25% provoca pérdida de poder adquisitivo, que algunas de las propuestas que se barajan estos día para una nueva reforma pueden tener como consecuencia una grave reducción de la cuantía de las pensiones futuras, o que el "factor de sostenibilidad" que entrará en vigor a partir de 2019 va a suponer un recortes de las pensiones.   Todos estos hechos responden a un único objetivo: degradar las pensiones públicas para que avancen los planes de pensiones privados. Es decir, convertir un derecho social básico para todos en un negocio privado en beneficio de unos pocos.  

Ante esta situación se proponen todas las semanas diferentes medidas y alternativas. Todas ellas deben ser tenidas en consideración. Y debe abrirse un amplio debate en la sociedad sobre como fortalecer el sistema público de pensiones.