Marta Pulgar, diputada de IU en la Junta General, demandó esta mañana a la consejera de Servicios y Derechos Sociales una hoja de ruta clara para conocer hacia dónde camina la atención al menor, ahora “un pollo sin cabeza”, después del anuncio de cierre de la Unidad de Primera Acogida de Menores (UPA), situada en el Fundoma. Pulgar no discutió la capacidad de autoorganización que tiene la Consejería, ni su capacidad de impulso de los cambios sociales y legislativos que mejoren la calidad.
La diputada de IU puso en duda que apostar por un macrocentro sea apostar por calidad del servicio y se preguntó si hablar ahora de atención integral o una intervención ‘más educativa’ no representa una enmienda a todo lo hecho hasta ahora. Pulgar también advirtió de la existencia de un informe de riesgos psicosociales elaborado a petición de los trabajadores y de una dirección autoritaria que exige, a juicio de la diputada, un cambio de modelo claro y una estructura horizontal para evitar la derivación a una atención privada.
La diputada de IU recordó que la coalición preguntó en la primavera del año pasado por qué no se cubrían todas las vacantes y por el futuro de la UPA una vez que concluyesen obras del Materno. La Consejería en ese momento respondió que volvería a su lugar inicial, decisión que cambiaron a finales de año y que Pulgar criticó. “Llama poderosamente el cambio de criterio o la ocurrencia”, advirtió la diputada de IU. Pulgar se preguntó por qué si las modificaciones legislativas a las que alude la consejera se produjeron en 2015 la decisión no está clara y la toman en diciembre. “Tengo la sensación de que en materia menores actúan a impulsos, sin planificación…. Parece más bien una rabieta o represalia con un equipo que se mantiene unido y discrepa de la dirección”, aseguró Pulgar.
Pilar Varela, por su parte, aseguró que existen razones fundadas para la reorganización de la atención inmediata a menores, tales como la adaptación a la normativa estatal y la necesidad de dar respuesta a una nueva realidad social. Varela aseguró que el traslado al Centro de Pilares no implica una reducción del número de trabajadores ni de plazas. Tendrá una capacidad para 37 menores y trabajarán con ello 57 profesionales. El resto de trabajadores serán reubicados, de manera voluntaria, en los centros de Oviedo.