La supresión de las garantías parlamentarias en España da una nueva pirueta, tras la decisión del Gobierno de intentar forzar al TC para que sancione presuntos hechos 'ad futurem', convirtiendo en real un universo orweliano que asemeja preligrosamente España a las maniobras del régimen venezolano. El. manejo arbitrario de las garantías constitucionales de los parlamentos autonómicos por el Gobierno central sienta peligrosos precedentes.

Madrid.-El Consejo de Ministros ha acordado impugnar la Resolución que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, dictó el 22 de enero en la que propone que el diputado Carles Puigdemont sea candidato a la Presidencia de la Generalitat.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el Ejecutivo tiene "el compromiso político" y "el deber constitucional" de emplear todas las herramientas legales, siempre con arreglo a los procedimientos establecidos, para proteger a España, el Estado de derecho y la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña.

"Como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que esté huido voluntariamente de la justicia, que se ha sustraído a la ley y a los tribunales, pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un Gobierno autonómico", ha manifestado. Sáenz de Santamaría ha recordado que Puigdemont está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves como los de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia, "delitos por los que se ha negado a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo".

La vicepresidenta ha detallado que el Ejecutivo solicitó dos informes al Consejo de Estado: uno preceptivo sobre la impugnación de la resolución del presidente del Parlament, y otro potestativo para consultar su opinión sobre diferentes asuntos, como la delegación de voto de los diputados que estén ausentes y fuera del territorio nacional y la posibilidad de las investiduras no presenciales o telemáticas o bien por delegación de aquellos que no se encuentren en el hemiciclo.

El Ejecutivo, ha explicado, recibió ayer los informes: "La consulta potestativa, que era favorable, y la preceptiva pero no vinculante, que comparte los argumentos jurídicos pero discrepa del Gobierno sobre el momento temporal". La vicepresidenta ha señalado que el Gobierno respeta los criterios jurídicos del Consejo de Estado, pero considera que tiene "argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político" de evitar que Puigdemont continúe con su desafío al Estado de derecho.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha subrayado que "estamos viviendo un momento inédito" y sin precedentes en nuestro país: que pretenda ser investida una persona con una orden de busca y captura. Eso es lo que el Gobierno quiere evitar, "esto es el quid de la cuestión", ha remarcado.

Sáenz de Santamaría ha agregado que, "habida cuenta de que hay otros diputados", corresponde al presidente del Parlament tomar la decisión de continuar adelante proponiendo a una persona que cumpla los requisitos y tenga plenas libertades para ejercer la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Respuesta a Venezuela

Pool Moncloa/J.M. CuadradoEl Consejo de Ministros ha escuchado un informe del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, relativo a la decisión del Gobierno de Venezuela de declarar 'persona non grata' al embajador de España en Caracas.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado que "ante una medida de este calado, el Gobierno responde de forma proporcional y, por ello, ha decidido, en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar 'persona non grata' al embajador de Venezuela en España".

Méndez de Vigo ha añadido que el Ejecutivo desea mantener con Venezuela unas relaciones basadas en el respeto, la amistad y la cooperación, una voluntad que las acciones del Gobierno de Venezuela dificultan. Además, ha asegurado que las continuas declaraciones "fuera de tono" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra Mariano Rajoy no lograrán que el Gobierno ceje en su defensa de los derechos fundamentales, la democracia y la prosperidad de todos los venezolanos, en el marco de la Unión Europea y las relaciones bilaterales.

En respuesta al plazo concedido al embajador de Venezuela en España para abandonar nuestro país, ha precisado que tendrá el mismo tratamiento que el dado al embajador de España en Caracas: 72 horas. No obstante, ha aclarado que el embajador venezolano no se encuentra en España porque fue llamado a consultas por su país.

Protección de los asegurados

Pool Moncloa/J.M. CuadradoEl Consejo de Ministros ha examinado un informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, sobre el Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros, que obedece a la trasposición de una Directiva comunitaria.

El portavoz del Gobierno ha explicado que la norma garantiza la transparencia, la profesionalidad y la competencia en el sector, así como la protección de los usuarios de seguros privados independientemente del operador al que se dirijan. Además, el texto establece un nuevo régimen de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento.

Sistema europeo de garantía de los derechos humanos

El Gobierno ha remitido a las Cortes el Protocolo número 15 de enmienda al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que recoge medidas, sobre todo de carácter procedimental, para mejorar la eficacia del sistema europeo de garantía de los derechos y las libertades fundamentales.

Íñigo Méndez de Vigo ha señalado que el Protocolo refuerza la vigencia del principio de subsidiariedad, fija un plazo de cuatro meses para la presentación de las demandas y atiende a la petición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de descargarse de los asuntos menos sustantivos.

Revisión del gasto en subvenciones

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Acción de la revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las Administraciones Públicas, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

El objetivo es que la AIREF realice una auditoría de ese gasto, un compromiso recogido en el Programa de Estabilidad 2017-2020, según ha expuesto el ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Pool Moncloa/J.M. CuadradoEl Consejo de Ministros ha determinado hoy las condiciones en que se va a realizar la auditoría y las siete grandes áreas de estudio: procedimiento de la Administración Central, medicamentos dispensados a través de receta médica, políticas activas de empleo, becas universitarias, promoción y talento en I+D+i, competitividad empresarial y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Transmisión de acciones de Abertis

El Gobierno ha autorizado la transmisión de acciones de la empresa Abertis a favor de la sociedad Atlantia, que se produciría en caso de que fuera aceptada su oferta pública de adquisición de acciones.

Méndez de Vigo ha recordado que se trata de un requisito reglado, por lo que, al cumplir la oferta presentada por Atlantia las condiciones legales, el Consejo de Ministros ha otorgado la autorización.

Nombramiento de José Luis Ayllón

El Consejo de Ministros ha acordado nombrar a José Luis Ayllón director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Ayllón era desde diciembre de 2011 secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Además, el Consejo de Ministros ha nombrado a Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Aplicación del artículo 155

Tras la reunión ordinaria, el Consejo de Ministros ha celebrado otra sesión para adoptar medidas relativas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, acordada por el Senado el pasado 27 de octubre.

Confianza en la economía española

Pool Moncloa/J.M. CuadradoEn su balance de la semana, el portavoz del Gobierno se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al año 2017, que refleja un incremento de 490.300 ocupados. Méndez de Vigo ha apuntado que la mayor parte de ese empleo es indefinido, a tiempo completo y en el sector privado. Además, ha resaltado que la tasa de desempleo se sitúa en el 16,55%, la más baja desde el año 2008.

"Datos de empleo que confirman los buenos resultados de la política económica llevada a cabo estos años, basada fundamentalmente en la agenda de reformas y en la consolidación presupuestaria y fiscal, que ha conducido además a un modelo de crecimiento económico sostenible, constante e integrador", ha manifestado. El ministro se ha mostrado convencido de que en 2018 pueden crearse 450.000 empleos más y mejorarse "las previsiones siempre prudentes que enviamos a Bruselas si eliminamos cualquier duda o incertidumbre de tipo político".

Méndez de Vigo también ha destacado las cifras conocidas esta semana sobre el sector exportador, la mejora de la calificación de la solvencia a largo plazo de España por parte de la agencia crediticia Fitch y, finalmente, la caída de la prima de riesgo española hasta los 77 puntos básicos. "Son buenas noticias que van en la línea de la confianza y la credibilidad de España y su economía", ha afirmado.

Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo ha calificado de "enormemente importante" el acuerdo de la Comisión Europea de destinar una subvención de 578 millones de euros, la más importante del programa 'Connecting Europe', a la financiación de un cable submarino entre España y Francia que permitirá la interconexión de sus sistemas eléctricos. "Este era uno de los objetivos de la legislatura", ha subrayado.