Currás dice que 12 comunidades autonomas querrían para sí una Novacaixagalicia Banco

Currás dice que 12 comunidades autonomas querrían para sí una Novacaixagalicia Banco

Santiago, - La consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, subrayó hoy que Galicia es una de las únicas cinco comunidades que consiguieron mantener una entidad financiera radicada en su territorio, por lo que apuntó que 12 autonomías querrían para sí una Novacaixagalicia (NCG) Banco.

En su comparecencia en pleno, a petición propia, Marta Fernández Currás reiteró que, luego del bandazo normativo del Gobierno central que impuso la bancarización –norma recurrida por la Xunta-, Galicia tendrá una entidad liderada por gallegos, radicada en la comunidad, con los centros de decisión en esta autonomía y con siete de los miembros del Consejo de Administración de origen gallego.

 

La titular de Hacienda desveló que, por el contrario, si siguiera gobernando el bipartito a partir de 2009 hoy por hoy Galicia ya no tendría una entidad financiera propia y las dos cajas estarían diluidas en proyectos foráneos, pues no se oponía a las operaciones que se estaban diseñando para las cajas gallegas desde mediados de 2007, por lo que destacó que fue la actual Xunta la que pidió opinión al Parlamento para consensuar la mejor solución para el ahorro gallego y la que se comprometió a seguir los parámetros de solvencia y galleguidad aprobados por la Cámara.

 

Así, explicó que para la Xunta habría sido más sencillo no involucrarse desde el inicio para que Galicia siguiera representada en el mapa financiero español, actitud que ya había iniciado el Gobierno bipartito, que conocedor de la reestructuración que se estaba produciendo y de las operaciones corporativas que se estaban diseñando para las entidades gallegas optó por la posición más fácil, otorgó y calló.

Luego de la reordenación de los sistema financiero español, Fernández Currás advirtió de que se las dos cajas gallegas se hubieran integrado en Bankia tendrían un porcentaje en esta entidad del 1,4%, que sería del 3,9% se hubieran optado por Banca Cívica.

De esta forma, la consejera de Hacienda proclamó que lo que falló no fue la fusión, a la que no se opuso ningún grupo parlamentario ni el Ministerio de Economía y que avaló el Banco de España, sino la valoración otorgada por el FROB. Insistió en que no había alternativa y añadió que, a día de hoy, y considerando las diferentes opciones que se abrían para la caja gallega, el Gobierno autonómico sigue entendiendo que no había otro camino que el finalmente adoptado.

 

Marta Fernández Currás señaló que las dos cajas gallegas lo sabían y, por eso, eligieron la opción gallega, pero recordó que lo que nadie preveía era el bandazo normativo dado por el Estado tan sólo dos meses después de considerar solvente y viable a unión de las cajas gallegas.

Marta Fernández Currás recordó que la autorización que otorgó la Xunta para constituir NCG Banco es totalmente reglada, según una orden del año 2006, y no discrecional, en la que adicionalmente consiguió algunas mejoras como opciones a favor de la caja o una modificación estatutaria en el banco en el sentido de reconocer su origen y su vinculación con Galicia y con sus ciudadanos y sectores productivos.

Por otra parte, la consejera de Hacienda acreditó que la normativa es clara en atribuir al Banco de España la responsabilidad en materia de retribuciones. Así, citó la Ley 13/1985, en la que se recoge que corresponde al Banco de España, como autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito, revisar los sistemas aplicados para dar cumplimiento a la normativa de solvencia, revisión que incluye las políticas y prácticas de remuneración; y elaborar y publicar guías con criterios, prácticas o procedimientos de remuneración que considera acomodados.

 

Marta Fernández Currás también se refirió a la obra social de NCG y garantizó recursos para los próximos años, pero reclamó una reorientación de cara a  conseguir una optimización de su utilización, centrando su eficiencia en actuaciones de carácter benéfico y social, abandonando la política de inversiones intensivas en inmuebles

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