El portavoz de IU advierte de que las comunidades que pusieron en marcha el experimento lo han abandonado. Considera que quien decide sobre el gasto no es el paciente sino los clínicos y la administración
Gaspar Llamazares, portavoz parlamentario de IU en la Junta General, reclama al Gobierno del Principado copia de todos los estudios previos e informes, que hayan sido elaborados por la Administración o cualquiera de sus organismos o empresas o que hayan sido encargados a cualquier otro ente o empresa pública o privada o de los que disponga por cualquier otra circunstancia en relación con la necesidad, viabilidad y evaluación de efectividad de la implantación de la factura en sombra en la sanidad asturiana.El diputado de IU, en busca de datos que avalen este anuncio del Principado, recuerda que la factura sombra se puso en marcha en torno al año 2010 y de ella nunca más se supo en las comunidades autónomas que la anunciaron.
Advierte de que las comunidades que empezaron algún “experimento” de este tipo la han abandonado, la última, la comunidad de Madrid, después de gastar 250.000 de una aplicación informática para implantarla. También recuerda que el propio Gobierno asturiano sostuvo en 2010 que no la pondría en práctica ya que era mayor su coste que su beneficio dado que significaba poner en marcha una aplicación informática y el beneficio no existía, “porque en realidad quien decide sobre el gasto sanitario no son los pacientes sino los clínicos y la propia administración sanitaria”. ¿Qué ha cambiado?, se pregunta Llamazares.
El portavoz de IU rechaza que esa factura sombra vaya unida a una visión coactiva de la administración sanitaria o sea el primer paso para futuros copagos sanitarios. El diputado de IU acompaña esta petición de documentación con una batería de preguntas. Llamazares después de saber la presunta viabilidad de la medida indaga que, si así fuese el caso, cuándo tiene previsto compartirlo con el resto de los grupos parlamentarios, las entidades ciudadanas de defensa de la sanidad pública, organizaciones sindicales, vecinales, colectivos de pacientes, medios de comunicación y la sociedad asturiana.
El diputado de IU pregunta al ejecutivo asturiano cuál es el nivel de puesta en marcha de la contabilidad analítica y para cuándo su extensión al conjunto de la sanidad asturiana, qué objetivos se pretenden alcanzar con la implantación de la factura sombra, en qué evidencias sobre su efectividad basa la mencionada medida, qué coste tiene la implantación generalizada de la medida; qué relación coste efectividad tiene la factura sombra, qué proceso de diálogo y negociación, con qué organizaciones, qué nivel de consenso requiere la medida; qué calendario tiene el gobierno para su inicio y desarrollo, en qué dispositivos se irá poniendo en marcha dicha factura, qué medidas piensa adoptar el gobierno para garantizar la confidencialidad de los datos personales de la factura sombra; cómo piensa evitar el gobierno la disuasión, selección o la coacción al paciente, transformado en cliente, como consecuencia de la factura sombra,cómo piensa evitar el gobierno que la factura sombra se convierta en información asimétrica a los competidores de los seguros y la sanidad privada, cómo piensa dar utilidad pedagógica a la factura sombra cuando la mayor parte de las decisiones clínicas no dependen del paciente ni del coste de los procedimientos practicados, habida cuenta la exclusión de determinados colectivos de la atención primaria a raíz del RD 16/2012 cómo piensa evitar que la mencionada factura sombra abra la puerta al copago sanitario.
A esta demanda une el diputado de IU una pregunta al Consejo de Gobierno sobre para qué servicios públicos, además del sanitario, tales como educación, servicios sociales, justicia, etc, tiene previsto el Consejo de Gobierno la puesta en marcha de la factura en sombra o de cualquier otro instrumento que cumpla supuestamente los mismos objetivos.
