Madrid-. Greenpeace insiste en los riesgos sísmicos del almacén de Gas Natural situado junto al Parque Nacional de Doñana, por lo que vuelve a exigir su cierre y desmantelamiento. Además, asegura que el proyecto incumple los compromisos adquiridos por España para luchar contra el cambio climático.
La organización ecologista ya alertó en su informe Riesgos sísmicos relacionados con el proyecto de almacenamiento subterráneo de gas en Doñana, publicado en noviembre de 2016, de los riesgos de que se siga trabajando con gas en el parque natural o en su entorno. “Existe un riesgo muy alto por las condiciones tectónicas existentes de que se produzcan terremotos inducidos por la mano del ser humano, ya que llevan muchos años realizando extracciones de gas, y ahora pretenden inyectarlo en las mismas zonas que han quedado libres para usarlo de reserva. Hay además fallas actualmente activas, lo que incrementa los riesgos sísmicos aún más”, explica Julio Barea, portavoz de Greenpeace y doctor en Geología.
Doñana se encuentra dentro del peligroso polvorín sísmico del Suroeste de España, que ha sido azotado por los terremotos y tsunamis históricos más devastadores de la península ibérica, la mayoría de ellos con epicentros en el Atlántico próximo al Suroeste de Portugal y en la mitad norte del golfo de Cádiz, con hasta 18 seísmos de gran magnitud. Por eso, Greenpeace insiste en que se paralice la instalación y desarrollo de cualquier tipo de infraestructura de almacenamiento y conducción de hidrocarburos, porque incrementarían notablemente los riesgos de explosiones, hundimientos, escapes masivos de gas o contaminación, entre otros, como alerta un reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
A esto se suma el reciente anuncio del Gobierno de destinar por segundo año consecutivo 6,3 millones de euros al almacén de gas de Doñana gestionado por Gas Natural. “Esto significa dar dinero público a una empresa privada que está poniendo en peligro a la ciudadanía y a una de las joyas mundiales de la biodiversidad. Un atropello al sentido común, a la responsabilidad y a los compromisos internacionales de España, solo para servir a los intereses particulares de una multinacional”, concluye Barea.
