Madrid.-El PSOE ha presentado hoy su propuesta sobre el Sistema Público de Pensiones, en la que apuestan por la “fortaleza” del sistema “como elemento básico para la cohesión y la estabilidad social” y para ello abogan por “recuperar el diálogo social y el pacto de Toledo”. El objetivo de los socialistas es conseguir que el Sistema Público de Pensiones “no solo sea sostenible financieramente”, sino también “sostenible socialmente”.

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, y la secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, han sido los encargados de presentar en rueda de prensa este documento, bajo el título La apuesta socialista por el sistema público de pensiones, después de que fuera aprobado en la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada en la sede de Ferraz.

Durante la comparecencia, Magdalena Valerio destacó que el Sistema Público de Pensiones es “la política pública que mayor capacidad tiene de redistribución y reducción de las desigualdades y uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar en nuestro país” y por eso es fundamental protegerlo. La responsable socialista denunció que las políticas erráticas y antisociales del PP han hecho que en los últimos tiempos “empiece a calar en la ciudadanía la idea de que no existe futuro para el Sistema Público de Pensiones” y “se están generando incertidumbres, dudas, desesperanza”. “Es obligación del PSOE generar certidumbres, confianza y esperanza en el presente y futuro de nuestro Sistema Público de Pensiones”, remarcó.

En este sentido, insistió en que la metodología que defiende el PSOE para abordar este asunto es “recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social del Gobierno con los sindicatos y las organizaciones empresariales" y “apostar por la fortaleza de nuestro sistema público de pensiones, porque ha llegado a una situación de desequilibrio financiero y de déficit estructural y creciente”, como consecuencia de la crisis y de las políticas del PP, tales como la reforma laboral, la reducción de la tasa de cobertura de desempleo, o la utilización de recursos económicos de cotizaciones para pagar gastos que no son prestaciones de la Seguridad Social o pensiones.

Valerio denunció que, ante esta situación de déficit, el PP se “ha fundido” la hucha de las pensione, que “se ha agotado 10 años antes de los previsto”, ha utilizado fondos excedentes de las mutuas y ha pedido un préstamo de más de 10.000 millones de euros. “En definitiva, han ido utilizando recursos adicionales por importe de más de 93.000 millones de euros que han ido sacando para no hacer los deberes”. Además, el Ejecutivo hace subidas ridículas de las pensiones del 0,25% y recorta pensiones futuras, ya que a partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor el conocido como factor de sostenibilidad, que significa que se va a bajar la cuantía de la pensión desde el inicio en función de la esperanza de vida de ese corte de edad.

Medidas que plantea el PSOE

Frente a esta situación, el PSOE considera que no hay un problema de gastos excesivo, sino de ingresos y por ello plantea 4 medidas: la primera, garantizar unas pensiones adecuadas y suficientes revalorizadas según el IPC y que se suprima el factor de sostenibilidad que va a imponer el PP a partir del 1 de enero de 2019 y que puede implicar en el futuro una pérdida de pensión de en torno al 30%; en segundo lugar, racionalizar los gastos del sistema, es decir, no tiene sentido que con el sistema en déficit sigamos pagando con dinero de cotizaciones reducciones de cuotas y tarifas planas y los gastos de gestión de la Seguridad Social. “Eso implicará que hay unos 4.300 millones de euros que se tendrán que pagar con impuestos y no con cotizaciones”, explicó.

Como tercera medida, el PSOE apuesta por “un incremento de ingresos con creación de empleo de calidad, y en esa línea va nuestro Pacto de Rentas”. Sin embargo, explicó Valerio, “no vale con incrementar los ingresos ordinarios y en la propuesta socialista se incluye también apostar por ingresos extraordinarios”, ya que las prestaciones básicamente se tiene que pagar con cotizaciones, pero no de manera exclusiva y “se pueden inyectar ingresos vía Presupuestos Generales del Estado”. Así, avanzó que el PSOE plantea “la creación de una cesta de nuevos impuestos dirigidos de manera finalista y extraordinaria a aumentar los ingresos del sistema aproximadamente por  importe de 2.750 millones de euros todos los años”. Y en cuarto lugar, los socialistas abogan por “intensificar la acción de la Inspección General de Trabajo para controlar el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular”.

Además, en el documento los socialistas dedican un apartado a las pensiones de viudedad y van a plantear a lo largo de estos meses diversas medidas que mejoren estas pensiones, “porque hay un asignatura pendiente de este Gobierno con las viudas de este país”, dijo Valerio.

“Merece la pena luchar por la supervivencia de nuestros sistema público de pensiones, que a lo largo de décadas ha demostrado que es un elemento básico para cohesión y la estabilidad social y hemos de hacerlo recuperando el diálogo social y recuperando el pacto de Toledo. Debemos hacerlo entre todos y todos debemos contribuir a preservarlo, a reforzarlo y a velar por su futuro”, concluyó.

Primeras asambleas abiertas en Granada y Madrid

Precisamente el futuro de las pensiones y las propuestas socialistas para garantizar su sostenibilidad serán el elemento central de las 52 asambleas abiertas que, en una primera fase, va a celebrar el PSOE a principios de 2018, contando para ello con la participación del secretario general, Pedro Sánchez, y de miembros de la dirección del PSOE y el Grupo Parlamentario.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo jueves, día 11, en Granada y dos días después se celebrará otra en Madrid, ambas protagonizadas por Pedro Sánchez.

El PSOE exige a Zoido el cese del director general de la DGT

Por su parte, el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, ha exigido en nombre de su partido que el ministro del Interior acuda a la comparecencia parlamentaria sobre la retención de miles de conductores durante 20 horas en la AP-6 “con el cese del director general de Tráfico debajo del brazo”, si es que quiere acudir “con un mínimo de credibilidad”. Una petición de dimisión que los socialistas no descartan elevar al propio Zoido y al ministro de Fomento, en función de las aclaraciones que estos den en el Congreso.

Como explicó Puente, desde el PSOE consideran que la responsabilidad de lo ocurrido recae “desde el punto de vista civil en la concesionaria de la autopista y desde el punto de vista político en los ministerios del Interior y de Fomento”.

Para el dirigente socialista, el director general de la DGT “ha demostrado un desconocimiento palmario de la normativa que debería conocer, que es la que regula las obligaciones de las concesionarias de autopistas y la jurisprudencia que la desarrolla. Y ha llevado a cabo una gestión nefasta de la crisis, induciendo incluso a la confusión a los conductores” con sus comentarios en las redes sociales, y que –además- no ha seguido “al pié del cañón”, sino desde Sevilla; “no sabemos muy bien si desde el palco de Sánchez-Pizjuán, acompañando a su mentor el ministro del Interior”.

Puente ha recordado que una vez que se paga el peaje se crea una relación contractual entre el concesionario y el usuario, según la cual el primero tiene la obligación de garantizar la libre circulación de los vehículos con independencia de las circunstancias que concurran, incluidas las meteorológicas; una responsabilidad que ha dejado clara el propio TC en varias sentencias.

Pese a ello, “la responsabilidad no puede quedar exclusivamente ahí porque la legislación también obliga a la concesionaria y a las administración competente, en este caso a los ministerios de Fomento e Interior y a la DGT a coordinarse para garantizar la libre circulación de vehículos por las autopistas de peaje”.

Por lo tanto, “es una obligación en primer lugar directa de la concesionaria, pero también concurrente de las administraciones competentes” y “lo primero que hay que dejar claro es que los conductores que se quedaron atrapados esa noche en esa autopista no son responsables de los hechos, lo dicen la ley y la jurisprudencia y esto es lo primero que debería saber el director general de Tráfico, antes de responsabilizar a los conductores”.

Además, Puente ha subrayado que lo ocurrido era previsible, pues no es inhabitual en esa zona, y que esa nevada estaba avisada con una semana de antelación. “Tanto la titular de la concesión, como la titular de la vía y la propia DGT tenían los elementos necesarios para haber previsto un dispositivo que garantizara la circulación por ese tramo”.

Insistió en que “si por la autopista no se puede pasar, se cierra como se hizo el domingo para evitar que ningún conductor quedara atrapada en ella, y si se permite el paso –como dice la legislación y la jurisprudencia- se asume la responsabilidad y las consecuencias por no haber habilitado el dispositivo necesario”.